Las ONG y Hacienda

En los últimos años hemos asistido al nacimiento y la consolidación de ONG de toda índole, la inmensa mayoría relacionadas con la atención asistencial a colectivos marginados o en riesgo de exclusión social, dentro y fuera de nuestro país. Yo creo que el papel más adecuado a desempeñar, por este tipo de entidades, sería constituirse en herramientas ágiles para la participación comunitaria: formulando los problemas sociales y reclamando intervenciones públicas, efectivas y eficientes, para resolverlos.

Sin embargo, casi todas han acudido solícitas a cubrir las necesidades detectadas, asumiendo prestaciones que deberían ser, en la mayoría de los casos, servicios públicos. Se han hecho imprescindibles, saben que la actividad que desarrollan, aunque teóricamente no es lucrativa, sí tiene valor económico en el mercado de bienes y servicios; en el año 2006 movieron 1.077.814.543 euros. Poco a poco han aumentando su capacidad de influencia, y la de sus poderosos donantes, para movilizar determinados recursos públicos, y hacerlo de una manera muy concreta, debilitando al Estado social. Convencidos, sin ninguna prueba, de que su gestión es más rentable que el servicio público al que sustituyen.

Necesitan financiación, la obtienen de las formas más diversas, un 41,5% del ámbito privado, un 38,4% del sector público y un 20,1% de origen indeterminado. Nos piden que señalemos su casilla en la declaración de la renta, porque ellos son los nuevos gestores profesionales de la caridad, y no la Iglesia católica.

Dado el estado de cosas, las administraciones deberían reclamar criterios reales de transparencia y democracia interna, así como evidenciar el carácter no lucrativo de estas organizaciones, porque está comprobado que la "bondad" cansa.