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Crisis en la región andina

La producción de gas se desploma

El Ejecutivo toma el control de la filial de Repsol y de otras compañías

Desde que inició su mandato, el Primero de Mayo ha sido el día elegido por Evo Morales para tener importantes gestos en el tema que le catapultó al poder y provocó la caída de dos presidentes bolivianos: la propiedad y gestión de la riqueza que representan las inmensas reservas de hidrocarburos que posee el país. Y si hace dos años, recién llegado al Palacio Quemado, Morales firmó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, ayer el mandatario anunció que el Estado boliviano ya tiene mayoría en todas las empresas que explotan dicha riqueza en Bolivia. Estos anuncios tienen un casi inmediato rédito político, pero las cifras advierten de que el proceso nacionalizador no ha traído un incremento de riqueza, sino todo lo contrario.

Cuando, tras vencer las presidenciales de diciembre de 2005, Morales y su equipo diseñaron un plan para que el Estado se hiciera con el control de los hidrocarburos revirtiendo una dependencia histórica de las empresas extranjeras, varias voces les advirtieron de que el gas que no logra ser extraído y refinado es como si no existiera y por ello la inversión extranjera es fundamental para que los hidrocarburos sean localizados y lleguen a la superficie. Se trataba de hacerse con el control del negocio, pero sin matar la gallina de los huevos de oro.

Y así Morales, tras abrir las puertas del país al conocimiento técnico de los ingenieros de la petrolera estatal venezolana (PDVSA), anunció el Primero de Mayo de 2006, con despliegue de militares incluido, la nacionalización de los hidrocarburos y la obligatoriedad de que todas las empresas que operaban en el país, entre ellas la española Repsol YPF, firmaran nuevos contratos en los que, entre otras cosas, se obligaban a crear empresas mixtas con sociedades bolivianas.

El proceso cristalizó justo un año después, cuando las 12 empresas presentes en Bolivia firmaron 44 contratos con el Estado boliviano creando nuevas empresas y culminó ayer cuando el Gobierno anunció que ya tiene el control de esas empresas en una de las cuales, Andina, participa Repsol-YPF, que llegó a un acuerdo con el Ejecutivo. Las otras firmas afectadas son Chaco, participada por la británica BP y la estadounidense Pan American Energy, y la empresa de gasoductos Transredes (participada por la estadounidense Ashmore Energy), que pasan a control estatal por decreto, informa Reuters.

Pero una cosa es tener el control y otra el éxito en la gestión. El resultado de esa política ha sido el hundimiento de la inversión en exploración y producción, que apenas llega a los 50 millones de dólares (cerca de 34 millones de euros). Es decir, el gas sigue a 5.000 metros de profundidad cada vez con menos visos de ser extraído. Del mismo modo, se han reducido drásticamente las reservas probadas de hidrocarburos, una herramienta importante a la hora de ubicar al país en el contexto de crisis energética que vive Suramérica.

Morales prometió aumentar la producción de gas para incrementar la entrada de ingresos y además reforzar el papel de Bolivia, que se iba a convertir -todavía más, porque ya lo es- en el gran suministrador de gas de la región.

Para ello firmó nuevos contratos con Brasil y Argentina, compromisos por los que Bolivia debería estar produciendo 70 millones de metros cúbicos diarios de gas. Pero la cifra apenas llega a 40 millones de metros cúbicos y no hay expectativa -no hay inversión- de que en los próximos tres años se logre. Se necesitarían unos 5.000 millones de dólares (3.400 millones de euros) y el Gobierno apenas ha podido prometer, que no aportar, unos 1.270 millones de dólares (casi 900 millones de euros). El incumplimiento ha provocado el malestar de sus vecinos e incluso roces entre ellos por el reparto del gas que ambos necesitan. La gran paradoja es que incluso hay riesgo de desabastecimiento interno en Bolivia.

Para empeorar el panorama, Brasil acaba de anunciar el descubrimiento de inmensas reservas de petróleo y gas que en un plazo relativamente breve puede eliminar su dependencia del gas boliviano, un gas que ya controla totalmente el Estado, pero que al igual que hace miles de años sigue enterrado esperando que lo extraigan.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de mayo de 2008