El fiscal jefe de Castellón arremete contra la desidia de la Generalitat

"Insostenible" y "caótica". Estos fueron dos de los calificativos que ayer utilizó el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, para describir la situación en la que se encuentra la fiscalía que dirige. Escasez de funcionarios, vacantes que no se cubren y trabas a los propios fiscales para el normal desarrollo de su trabajo son algunos de los motivos que llevaron a Carceller a señalar: "Yo no me puedo hacer responsable de lo que se pueda producir".

No lo nombró, pero Carceller expuso un panorama en el que se podría dar una historia semejante a la de Mari Luz, la niña de Huelva presuntamente asesinada por un hombre que estaba en libertad pese a tener dos condenas firmes. Mientras, la Consejería de Justicia de la Generalitat, de quien dependen el funcionariado y el funcionamiento de la Administración de justicia, "es ajena a la realidad y a las necesidades de la Fiscalía", según criticó Carceller.

La Fiscalía "no puede funcionar en esta situación con funcionarios cargados de trabajo y con desilusión", sostuvo el fiscal jefe de Castellón. Y agradeció su labor y dedicación y explicó cómo, ante esta situación "caótica", se ha establecido un turno rotatorio de manera que, cada día, uno de los funcionarios deja su trabajo habitual y se dedica a las ejecutorias. Éstas son las certificaciones de que una sentencia es firme y sin dar salida a estos documentos, las condenas, o absoluciones, no se pueden ejecutar. La plantilla de funcionarios de Fiscalía de Castellón está compuesta por 15 personas en la sede central, cinco en menores y tres en Vinaròs y cubre, anualmente, alrededor de 150.000 dictámenes y más de 55.000 diligencias previas, a las que se sumarían la vigilancia penitenciaria, las ejecutorias, asuntos de penal y civil y menores.Javier Carceller explicó que el 28 de febrero se reunió la comisión mixta, en la que estuvieron presentes los fiscales jefe de Castellón, Valencia y Alicante y miembros de la Consejería de Justicia. Allí se expusieron las necesidades de Fiscalía relativas, entre otras cosas, a la urgencia de un aumento de plantilla de dos funcionarios más para Vinaròs y seis para Castellón. La consejería dijo que se estudiarían, pero aún no ha contestado. Según la secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagud, "se les indicó que se estudiarían y se les confirmarían las plazas aprobadas el 1 de julio".

Desde 2000, la Fiscalía de Castellón no ha registrado un incremento de plantilla pese a que los asuntos referentes a matrimonial, por ejemplo, se han incrementado un 98% y los asuntos civiles referentes a incapacidades y tutelas han sufrido un aumento de más del 66%.

El fiscal jefe de Castellón señaló que, al margen de este incremento en el número de funcionarios, el problema es que "no se cubren las bajas", lo que supone un problema añadido ya que con el volumen de trabajo que maneja la Fiscalía "no se puede tramitar, ni registrar, ni funcionar". Y puso como ejemplo una plaza de uno de los funcionarios del Cuerpo de Gestión que cesó el 3 de diciembre de 2007 y que se ha cubierto el 5 de febrero de 2008 "con una funcionaria interina carente de titulación y que nunca ha trabajado en Justicia, a pesar de que solo podría optar a este puesto una persona con determinada titulación". Señaló que no es el único caso y "lo peor es que existen dos bajas que no están cubiertas". Patricia Montagud alegó que "se están gestionando".

El problema no afecta solo a los funcionarios. Ayer, los fiscales, que han de desplazarse por toda la provincia, se encontraron con que el servicio de traslados no funcionaba. "Ha cesado, sin notificación previa, el servicio de desplazamiento a través de taxi para atender a los fiscales que cubren Segorbe, Nules y Vila-real", señaló Carceller. "No tenemos medios para ir a los juzgados, lo que podría dar lugar a la suspensión de juicios", auguró. Montagud reconoció que ha habido una baja del servicio debida a "disfunciones en la tramitación de facturas".

A la falta de medios humanos, se unen carencias en medios materiales que Carceller calificó de "preocupantes". La situación se agravará cuando se ponga en marcha el Centro Penitenciario Castellón II, en Albocàsser, que supondrá la llegada de entre 1.800 y 2.000 reclusos.