Un Consejo de las Artes descafeinado

Es una ley esperada, y para algunos deseada, sobre la que penden muchas dudas. Anunciada a bombo y platillo como la nueva panacea de la política cultural en mayo de 2004 por Caterina Mieras, la primera consejera de Cultura del tripartito, se prevé que, finalmente, el próximo miércoles el Parlament apruebe la Ley del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. No está claro que sea por consenso porque el PP ya ha anunciado su voto en contra y CiU parece inclinarse por la misma opción, aunque mantiene la incógnita y muchas de sus enmiendas, entre ellas la de que los miembros del consejo los decidan los grupos parlamentarios -y no el presidente de la Generalitat- y que tenga que ser aprobada por dos tercios de la Cámara.

Para no hipotecar el futuro consejo, Cultura suspendió los convenios

El PP votará en contra y CiU mantiene sus enmiendas a la ley

Los grupos que integran el tripartito no quieren que se repita lo sucedido en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), es decir, que CiU tenga la capacidad de bloquear el consejo y que éste se acabe convirtiendo en un nuevo pastel que repartir entre los diversos partidos. En cualquier caso, el pastel, aunque dulce y bonito, es de momento tan pequeño que resulta sorprendente que haya peleas por repartirlo y, por tanto, estropearlo.

A falta de los últimos flecos, el nuevo consejo estará integrado por 11 miembros, de los que tres (el presidente y los dos vicepresidentes) tendrán dedicación exclusiva. Entre sus competencias figuran varias de carácter asesor (elaborar un informe anual sobre el estado de la cultural, favorecer el diálogo entre el sector cultural y las administraciones...), que pueden tener más o menos incidencia en función del papel que quiera otorgarle el Departamento de Cultura, y una sola de carácter ejecutivo, que es la de decidir el reparto de las subvenciones a la creación artística.

De este último aspecto, en el que el consejo tendrá total responsabilidad, se ha encargado hasta ahora la Entidad Autónoma de Difusión Cultural, que este año ha contado con un presupuesto para ayudas a la creación de unos 15 millones de euros. Teniendo en cuenta que el presupuesto total de Cultura supera los 300 millones, resulta evidente que por mucho que se incremente el presupuesto de subvenciones y se dote al consejo para su funcionamiento ordinario con otros fondos, su papel en la política cultural catalana se basará casi exclusivamente en el prestigio y la autoridad que consigan sus miembros. Y pese a que aún no ha empezado la discusión sobre los nombres, la sombra de lo pasado con la CCMA hace surgir dudas respecto a que el proceso consiga el consenso general.

Aunque la Plataforma de la Cultura para un Consejo de las Artes, que agrupa a una veintena de asociaciones del sector, consisdera positiva la ley, ya que supone un primer paso en la despolitización de la gestión cultural y abre el camino a que el organismo vaya ganando competencias, lo cierto es que la lentitud en su tramitación ha acabado por desanimar a muchos creadores. A la espera de la ley, y para no hipotecar el presupuesto del futuro consejo, el Departamento de Cultura interrumpió el pasado año la firma de los convenios plurianuales (40 trienales y 23 bienales) firmados por la Entidad Autónoma con entidades, centros de creación y compañías con actividad permanente. A efectos prácticos, esto se ha traducido en la inestabilidad y en algunos casos la parálisis de la actividad para los beneficiarios de estos convenios. Si en los últimos dos o tres años, según los casos, habían podido trabajar con la tranquilidad de saber cuál era su presupuesto, en 2008 se han visto obligados a retomar la burocrática vía de las subvenciones anuales, que en lo que respecta a este año se conocerán el lunes.

Por otra parte, en este periodo de transición hacia el Consejo de las Artes, la Entidad Autónoma ha traspasado algunas de sus competencias a otras unidades del Departamento de Cultura. Según explica Berta Sureda, gerente de la entidad, el traspaso obedece a razones de coherencia y no tiene por objeto vaciar de contenido el nuevo organismo. "El consejero ha defendido siempre que quería un Consejo de las Artes potente", subraya. En concreto, se ha desprendido de los centros de creación vinculados a los municipios (como Ca l'Estruch, de Sabadell, y La Vela, de Vilanova i la Geltrú) y 84 festivales de música, entre ellos el de Ópera de Bolsillo y la Schubertiada de Vilabertran. Sureda explica que hasta la fecha los festivales dependían de tres unidades de la Generalitat en función de su naturaleza jurídica. Y se decidió agruparlos en el Instituto Catalán de las Industrias Culturales con el objetivo de que la política sea común y coordinada.

En realidad no todo lo que gestiona la Entidad Autónoma -como KRTU y el festival SCAN- pasará al consejo. Aún no está claro cómo se reordenará el Departamento de Cultura una vez que se ponga en marcha el consejo ni cómo se coordinará con otras comisiones asesoras. El reglamento aún tiene que redactarse y, de forma paralela, deberá realizarse la lista de las "11 personas buenas" que lo lleven adelante. Será entonces cuando se verá si, como quería Josep Maria Bricall, autor del informe a partir del que se elaboró la ley, la cultura catalana ganará en ambición. De momento, el café está servido, pero es descafeinado.