Coartadas

La Fiscalía General del Estado, que tenía abierta una investigación a la fiscalía sevillana con motivo de la muerte de la niña Mari Luz, ha decidido no abrir expediente disciplinario al fiscal encargado del caso. Considera que esta fiscalía actúo con profesionalidad; también que los errores que se hayan podido producir son imputables a la Audiencia por su tardanza en resolver, y al juez por "el retraso" en la ejecución efectiva de la sentencia. De otra parte la Asociación Profesional de la Magistratura, a la que está afiliado el juez, interesa del CGPJ que archive el expediente abierto a este magistrado; dice que si existió alguna responsabilidad son imputables a la secretaria del juzgado y al fiscal, que están encargados de velar por el cumplimiento de las sentencias que tengan interés público y social -por el comunicado el juez no debe estar obligado, y, por la decisión de la fiscalía, los fiscales en este caso tampoco-. Al mismo tiempo, y como si se acabara de descubrir que la Justicia es lenta, los medios de comunicación destacan la carencia de medios personales y materiales. Ante este panorama no es extraño que los padres y familia de Mari Luz organicen una caravana para pedir firmas a favor de la cadena perpetua. Al menos les puede ayudar a manifestar su rabia e impotencia y pensar que pueden evitar casos de sufrimiento como el suyo. Es comprensible, aunque muchos no estemos de acuerdo en la imposición de penas de cadena perpetua. Lo que resulta menos comprensible es que el Ayuntamiento de Huelva, que es una institución democrática, ayude a la financiación de una caravana que va contra los principios constitucionales de reinserción e imposición de penas degradantes. Claro que, por poco que se piense, lo que en el fondo de esta caravana subyace es una desconfianza en la Justicia y en los mecanismos para exigir responsabilidades a los encargados de su gestión.

De todas formas no seré quien, sin conocer en toda su extensión lo que ha sucedido o, mejor dicho, lo que no ha sucedido, esto es que el presunto asesino de Mari Luz no estuviera en prisión, diga cuáles han sido las causas de este contradiós y sus responsables. Su fijación, en un Estado de derecho, corresponde a los órganos encargados de la instrucción. Dar, pues, una opinión fijando responsables, sería tan carente de sentido como dar una opinión favorable a favor de una actuación profesional impecable, sin más base -que se conozcan- que las trayectorias profesionales de unos y otros, la integración en una asociación, cuando no hacerlas desaparecer con cargo al atasco judicial. Claro que el hecho de no dar una opinión de fondo por estas y aquellas razones, no impide que, por dogma de fe, se tengan que aceptar que la falta de medios materiales y personales puedan ser los responsables de todos los desaguisados judiciales. Durante muchos años, y por lo que veo durante muchos más, ha servido y va a seguir sirviendo, como coartada para tapar los fracasos judiciales. Se acaba de conocer que el Supremo ha absuelto a tres atracadores porque los autos se habían extraviado durante cinco años tras el armario de una magistrada, debe ser que los armarios no se pueden limpiar o que el responsable es quien limpia. Pero en fin, que hay que aceptar que, aunque jamás la Administración de Justicia haya contado con más medios, siguen siendo insuficientes. Sin embargo, tal vez, con la aportación de medios, y para lograr una cierta eficacia, pudiera ser necesaria una separación entre lo jurisdiccional -que afecta a la independencia- y lo organizativo -que afecta a la gestión- y se admita que el hecho de aplicar principios organizativos, como se aplican en otros ámbitos, no atenta a la independencia judicial. En cualquier caso, y mientras llegan nuevos medios y se aplican principios organizativos de empresa, no estaría nada mal que el CGPJ resuelva el expediente abierto y decida si ha existido infracción administrativa, o no. Al menos, tendríamos la tranquilidad de saber que los retrasos no se han incrustado también en el propio Consejo, y no les vale de excusa para retrasar la conclusión de un expediente que no debe ser muy complejo a tenor de la realidad documental de los autos y de la celeridad de la Fiscalía General del Estado en resolver.