Independencia. Sí. Y coherencia

Tengo que agradecer a Izquierda Unida y al PSOE de Andalucía por proponerme formar parte del Consejo Audiovisual. Mucho. Por la elección, refrendada por el pleno del Parlamento, como todos los consejeros, y por la coincidencia. No me hace falta decir que soy independiente, de hecho tendría que aclarar de quién o de qué soy independiente. ¿Soy independiente de las ideologías? ¿De los grupos mediáticos? ¿De los lobbies de presión? Independientes son las decisiones, no las personas. Mi añorado Plácido Fernández Viagas ya se jugó la carrera y el sueldo hace muchos años para reivindicar el derecho de los jueces a tener ideología, el derecho de los ciudadanos a que las sentencias sean independientes.

Digo todo esto, y lo lamento, porque las declaraciones de Antonio Sanz o de Manuel Ángel Vázquez Medel sobre el partidismo de los cinco consejeros que no hemos apoyado la decisión contra la RTVA, última (quédense con el dato, por favor, última) van en el sueldo.

Las asumo, el primero cumple el papel de portavoz de un partido que no apoya los consejos audiovisuales en ninguna comunidad donde gobierna, que se abstuvo ante su ley de creación o que ha amenazado con retirar a los consejeros que había propuesto poniendo en entredicho su independencia, y el segundo, el presidente del Consejo, como reacción ante una situación que ni controla ni gobierna ocupado como está en dar conferencias o asistir a inauguraciones. Repito, va en el sueldo, es algo menor, anecdótico, olvidable. Lo que me preocupa de verdad es que las refriegas y declaraciones ajenas y del mismo Consejo contribuyan a que los ciudadanos lo vean como una prolongación más de instituciones que ya existen, a que piensen que sobra, a que no alcancen a entender su necesidad ni su papel.

Llevo dos años acusada de obstruccionista, junto con Cristina Cruces, Francisco Cervantes, María Luisa Pérez y Carmen Morillo, por insistir hasta la pesadez en que la creación del órgano necesita mucho trabajo y menos titulares. Mucho consenso y menos declaraciones de buenas intenciones. Desde que tomamos posesión debimos, el presidente el primero, asumir dos tareas ingratas y fundamentales: Crear el órgano desde la sede hasta el reglamento, diseñar su funcionamiento, definir sus recursos humanos y técnicos, y, lo que es indispensable, consensuar las reglas del juego y arbitrar procedimientos que garanticen la limpieza y legitimen la transparencia de sus decisiones. Sólo desde el rigor y la honestidad de nuestras intervenciones habríamos logrado ganar el respeto y la credibilidad que la institución merece. No se trata de hacer declaraciones de independencia o pedir la paz en el mundo. Se trata de trabajar. De ofrecer diagnósticos y dictámenes basados en datos, en leyes y en códigos. Nos han sobrado sermones y nos ha faltado la humildad de cumplir con nuestra obligación.

No nos dan los andaluces ocho millones de euros anuales por nuestras opiniones, al menos esta consejera que no para de saber lo que no sabe, no los vale. Nos los dan para que ayudemos a ordenar el disperso y diverso marco legal, para que defendamos a los ciudadanos y a las empresas que juegan limpio. El Gobierno andaluz ha destinado, del presupuesto de todos, una no baladí cantidad para que nuestras decisiones sean legales e inobjetables. Comprendo que a todos los operadores, que a los profesionales que como yo se han dedicado toda la vida a la información, les resulte cuanto menos incómodo toparse con un ente regulador que les fiscalice su trabajo. Por eso nos empeñamos en arbitrar un proceso de alegaciones a los afectados en todas nuestras intervenciones. Otros Consejos no lo hacen. Nosotros sí, así lo marcan los procedimientos que aprobamos para la Oficina de Defensa de la Audiencia y así deberían ser todas nuestras actuaciones.

Impedir que un operador se explique es mala manera de cumplir con la función mediadora y de impulso de buenas practicas que tenemos encomendada. Claro que, ahí viene el conflicto, sólo hemos desoído a la RTVA. Ésa es la realidad de los hechos.

Algunos pensarán que el Consejo se divide entre los que han sido nombrados para zurrar a Canal Sur y los que tienen el mandato de defenderla a machamartillo. Ése es el juego en el que los más listos y algún tonto nos han querido meter. Pero por mi parte, y no estoy sola, los hechos desmienten las apariencias. De las veinticuatro resoluciones que emitió el Consejo en 2007, diez fueron estimatorias y cinco de ellas afectan a la RTVA.

De las cuatro de este año dos estiman que el reclamante tiene razón y las dos afectan al canal autonómico. No hemos recibido recurso alguno por parte de los afectados, con dos excepciones: la decisión sobre el programa Sindicados que contó con el rechazo de estos cinco consejeros y el del servicio jurídico del CAA y la última, motivo de ruido mediático, a la que la RTVA acusa entre otras circunstancias de haberle negado la defensa. Luego no nos hemos negado a intervenir siempre que ha sido necesario, pero tratando a todos por igual y según el marco jurídico y de nuestras competencias.

Como consejera, propuesta por un pacto entre dos partidos y apoyada por todos, jamás he recibido instrucción o indicación salvo una, que acaté y que avalé con mi voto: Elegir a Manuel Ángel Vázquez Medel. De lo que está ocurriendo y por lo que a mí respecta, no tienen ninguna responsabilidad ni el Parlamento ni el Gobierno andaluces. Aunque afirmar lo contrario sea tan fácil de decir y tan socorrido.

Mercedes de Pablos es consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía.