Investigados nueve guardias civiles de Vigo por contrabando

La Guardia Civil investiga a nueve de sus agentes destacados en la unidad fiscal del puerto de Vigo por su presunta implicación en una red de contrabando desmantelada en septiembre pasado. Los agentes se habrían apropiado de cientos de cajas de tabaco ilegal previamente decomisado para después venderlo en el mercado negro.

La investigación interna elevó el número de agentes imputados

La operación contra esta red de contrabando de tabaco en el puerto de Vigo se produjo el pasado mes de septiembre, con once detenidos y una investigación que todavía continua en el juzgado de instrucción numero 2 de Vigo. Entonces fueron detenidos cinco agentes y otras seis personas, en Galicia y Canarias, que se encargaban de organizar los envíos a países de la Unión Europea.

Los agentes omitían los trámites aduaneros necesarios para la importación de los contenedores, prácticas que habían sido detectadas semanas antes por la Jefatura de la Comandancia de Pontevedra, aunque la investigación fue asumida por la Unidad de Asuntos Internos del Instituto Armado. En el curso de la investigación se detectó que al menos cinco guardias civiles podrían estar implicados y haber hecho la vista gorda con el tráfico ilegal. Pero la investigación interna a toda la unidad fiscal del puerto vigués, propiciada por la comandancia de Pontevedra, amplía a nueve el número de agentes imputados, según un escrito del coronel jefe de la comandancia que maneja la justicia militar y al que ha tenido acceso la Cadena SER.

El informe de la Comandancia de Pontevedra detalla los nueve expedientes abiertos a otros tantos agentes de la citada unidad viguesa, los cuales no sólo habrían permitido la entrada de tabaco ilegal, sino que además se habrían apropiado posteriormente de todo lo decomisado a terceros. Es decir, primero se quedaban con lo decomisado y luego lo volvían a colocar en el mercado negro.

A los nueve guardias civiles se les imputa la omisión de su deber de investigar y de recolocar "ingentes cantidades" de mercancía ilegal en el mercado negro. Los agentes fueron preventivamente cesados en sus funciones al iniciarse el procedimiento civil, por lo que recurrieron ante el Tribunal Militar Central, que ratificó sin embargo el cese preventivo de los expedientados. El tribunal militar se mantiene ahora en espera del pronunciamiento del juzgado de Vigo que instruye el caso.