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10 presos reclaman penas de cárcel para los jefes de La Roca

La acusación pide 24 años para el ex subdirector médico

Torturas, lesiones y un delito contra la integridad moral. Éstos son los cargos que pesan sobre 10 funcionarios de la cárcel de Quatre Camins acusados de apalear a un grupo de reclusos en la madrugada del 1 de mayo de 2004, tras el motín en el que resultó gravemente herido el subdirector de régimen interno. Ya han pasado cuatro años y el Juzgado número 3 de Granollers está a punto de cerrar el caso para celebrar el juicio. En este proceso, 10 presos de los 30 que presuntamente sufrieron lesiones están personados como acusación particular, además de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, que ejerce la acción popular.

El grupo sostiene que fue torturado tras un motín en la cárcel en 2004

Los letrados dicen que los reclusos fueron apaleados al pasar por un pasillo

En los escritos de acusación presentados en el juzgado se explica que los presos volvieron voluntariamente a sus celdas tras el motín y que fue entonces cuando sufrieron las represalia por la agresión contra el subdirector Manuel Tallón. Así, con el beneplácito del Departamento de Justicia de la Generalitat, se redactó una lista de 56 reclusos involucrados en el motín para trasladarlos a otras cárceles. Las acusaciones dicen que fue el director de Quatre Camins, Jesús Enríquez Vázquez, quien dio las directrices a una veintena de jefes de centro y de servicio sobre cómo realizar esos traslados.

Según las acusaciones, los presos fueron sacados de sus celdas semidesnudos y descalzos en muchos casos. Se les colocaron las esposas o las bridas en las manos y, "totalmente indefensos", fueron conducidos a las celdas del departamento de ingresos. En el trayecto se formó un pasillo de funcionarios que golpeó a los presos con porras y palos. Luego fueron introducidos en una habitación donde, según las acusaciones, les esperaba el subdirector médico de la cárcel, Javier Martínez Redondo, con otros funcionarios que les volvieron a golpear con porras.

"Fueron sometidos a situaciones humillantes, con insultos y teniéndolos tendidos boca abajo", expone en su escrito el abogado de la acusación Jordi Oliveras. Al final, los presos fueron entregados a los Mossos para que los trasladaran a las cárceles de Brians, Tarragona, Lleida, la Modelo y la Trinitat. Algunos policías manifestaron después su estupefacción por las evidencias de malos tratos. Si los agentes no han olvidado esas imágenes, las podrán describir en el juicio. Las acusaciones solicitan que testifiquen 20 mossos.

Las acusaciones imputan al director de la cárcel un delito de torturas y piden para él entre dos y tres años de cárcel. Al subdirector médico, ocho delitos de torturas, y piden entre dos y tres años por cada uno. En total, 24 años.

A los funcionarios, como a los policías, se les identifica por un número profesional. En este caso, las acusaciones piden que se sienten en el banquillo los jefes de centro números 222, 245, 132, 1417 y 270, así como los funcionarios 1053, 1123 y 1, conocido como Don Manuel. También se les acusa de torturas, lesiones y un delito contra la integridad moral, y se piden para ellos penas de entre dos y nueve años. La acción popular considera que los presos contusionados fueron 29 y que sufrieron lesiones de diverso grado. En algún caso, como el del preso O. M. G., hasta fractura de clavícula, de la que tardó 50 días en curar. Los partes de lesiones son elocuentes. El recluso A. A. C., por ejemplo, sufrió una lesión contusa con equimosis en la región temporal derecha y otra en la izquierda, así como equimosis y tumoraciones en las rodillas y otras partes, de las que tardó en curar 14 días.

Los abogados defensores tienen una visión muy distinta. Manuel González Peeters, defensor de la mayoría de los funcionarios, está convencido de que el juicio no se celebrará y de que prosperará un recurso suyo en el que solicita la nulidad de un auto de la instructora. Según afirma, es una decisión que no está motivada y que genera indefensión. El recurso lleva meses pendiente de resolución en la Sección Sexta de la Audiencia.Con todo, Peeters sostiene que "los hechos no son ciertos", que sus clientes son inocentes y no hicieron nada de lo que dicen las acusaciones. O sea que no hay delito. En las próximas semanas se conocerá el escrito del fiscal, que muy posiblemente acusará a los funcionarios, y habrá que esperar a la apertura de juicio oral.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de abril de 2008