Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

Ralentización económica e inmigración

Aunque no parece que haya acuerdo entre los especialistas en la materia respecto al grado de gravedad de la actual situación económica española y de si se trata de una simple desaceleración del crecimiento o de una severa crisis, lo cierto es que la incidencia en el mercado de trabajo ya se ha empezado a notar.

La ralentización de la tasa de crecimiento de la economía española está teniendo reflejo obvio en el descenso de la tasa de empleo. Y este descenso afectará también, y quizás en una proporción mayor, a los inmigrantes. En esta nueva situación, los inmigrantes requerirán mayores prestaciones sociales, empezando lógicamente por las de desempleo, pero no sólo ésta.

La invitación al retorno a sus países de origen, con el abono del seguro de paro al que tengan legalmente derecho, es una posible salida, pero sólo cabe implementarla si se respeta escrupulosamente la voluntariedad de la decisión de los afectados. No es previsible, con todo, que se produzca un retorno masivo de inmigrantes.

La integración de los inmigrantes supone aumentar recursos en sanidad y educación

Incluso en ausencia de crisis económica, el aumento de la población provocado por la inmigración implica un uso más asiduo de los servicios sociales, ya de por sí bastante insuficientes para los españoles de nacimiento. Este incremento del uso es una consecuencia normal del incremento demográfico y precisa una respuesta política que no debería demorarse en el tiempo. Y si hay servicios sociales saturados por el aumento de población, como ya sucede en la educación y la sanidad públicas, incluso con anterioridad a la presente situación económica, la respuesta más consecuente del Estado -y de las comunidades autónomas que tienen asumidas las correspondientes competencias- consistiría en incrementar los medios disponibles y la correspondiente dotación económica. Por el contrario, una respuesta injustificada, por no decir ilegítima, sería la limitación o la supresión de los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En un Estado de bienestar digno de ese nombre, los servicios públicos básicos han de adecuarse al aumento de la población y a las nuevas coyunturas que vayan surgiendo. Y en una sociedad de inmigración como es desde hace tiempo la sociedad española, resulta crucial para la convivencia insistir en la garantía de la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros. La integración es, entre otras cosas, un proceso de equiparación de derechos. Por ello mismo, nunca debería hablarse de preferencia nacional (entiéndase, preferencia de los nacionales sobre los extranjeros), como defienden algunos partidos ultraderechistas europeos, sino de una preferencia por aquellos que están en una situación de necesidad, con independencia de cuál sea su origen. Se trata de una cuestión de justicia y de solidaridad.

Una política de integración de la inmigración no puede tener otro objetivo que construir una sociedad integrada. Dicho de otro modo: se trataría de evitar la conformación de una sociedad fragmentada, compuesta por sociedades paralelas: una de primera categoría y otras de segunda, tercera o cuarta. Para ello se ha de propiciar que todos los individuos que habitan en el territorio del Estado disfruten de las mismas expectativas y las mismas posibilidades, pero también que estén sometidos a las mismas exigencias y los mismos deberes. Fundamental para alcanzar esta meta es, sin duda, evitar la competencia entre los inmigrantes y la población autóctona por unos recursos sociales limitados. Especialmente en una época de vacas flacas, la necesidad de evitar la competencia por los recursos públicos entre la población autóctona y los inmigrantes obliga a reforzar los servicios públicos más básicos, como son la sanidad y la educación, para evitar que éstos pierdan calidad para todos. Esta tarea es una responsabilidad inexcusable de los gobernantes. En cualquier caso, las repercusiones sociales negativas de la coyuntura económica deben ser absorbidas por todos y no por un único grupo social.

La inmigración ha sido, sin duda, uno de los motores que ha permitido a España disfrutar de más de 14 años de crecimiento sostenido. Pocos datos pueden aportarse que rebatan esta afirmación. Y si esto es así, ahora, en tiempos de desaceleración, no debería olvidarse la importante contribución de las personas inmigrantes al bienestar económico que viene disfrutando la sociedad española. Esperemos que no surjan ahora voces que culpen de todos los males de la recesión económica y de los reajustes capitalistas -el desempleo, la subida de los precios, el aumento de la delincuencia, la precariedad de los servicios sociales, etcétera- a la presencia de los inmigrantes.

Juan Carlos Velasco es investigador del Instituto de Filosofía del CSIC y responsable del proyecto nacional Políticas migratorias, justicia y ciudadanía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de abril de 2008