El Gobierno enfría las exigencias financieras de las comunidades

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, se sumó ayer al encendido debate que mantienen las comunidades sobre cómo debe ser la nueva financiación. El ministro no se mojó mucho, pero lanzó una advertencia y un guiño a Cataluña. Avisó de que el esfuerzo financiero que puede hacer el Gobierno "será necesariamente muy limitado en las condiciones actuales". El Ejecutivo rebajó ayer sus previsiones de crecimiento para este año y el siguiente, desde el 3,1% hasta el 2,3%. Y justificó que haya que negociar cuanto antes para cerrar un acuerdo antes de la fecha límite que fija el Estatuto catalán: el 9 de agosto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a preguntas de los periodistas, el ministro explicó que las negociaciones no van a partir de cero. En la anterior legislatura dijo que el Gobierno ya trabajó en ello y que "se han producido algunos cambios" que se trasladarán al nuevo sistema de financiación. En qué dirección, no lo especificó; se limitó a explicar las dos grandes posiciones.

Algunas comunidades, recordó, "se conformarían con una modificación del sistema actual, poniéndolo al día a través de la población y que el Estado pague las diferencias a aquellos territorios que tienen menos población". Es la apuesta de las autonomías del noroeste.

Otra tesis, continuó, cree que hay que reducir el Fondo de Suficiencia -el mecanismo de nivelación que trasvasa los recursos de las comunidades más ricas hacia las más pobres- como consecuencia de una mayor participación en los ingresos del Estado y, "lógicamente, también pretende que el Estado pague la cantidad adicional". Es la tesis del frente mediterráneo.

En este segundo supuesto, añadió el vicepresidente, "hay muchas variables" sobre lo que se consideran servicios básicos a prestar de forma equilibrada en todo el territorio, en referencia a la propuesta de Cataluña. La Generalitat propone que se nivele el corazón del Estado del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales, lo que acotaría a entre el 65% y el 75% el gasto autonómico. Otras comunidades, como Andalucía, quieren que entren más servicios, como la vivienda y la justicia.

"Nuevas cesiones"

Solbes avanzó, en sintonía con el frente mediterráneo, que "tiene que haber nuevas cesiones de tributos". El Estatuto catalán -"hay ciertos compromisos", recordó el ministro- dice que la cesta de impuestos se elevará al 50% del IRPF y del IVA (desde el 33% y el 35% actuales), y al 58% de los impuestos especiales (hoy es del 40%).

Con todo, el vicepresidente afirmó, en referencia a las demandas de más recursos, que "la evolución de la financiación autonómica ha aumentado mucho más que la del Estado". Los consejeros de Hacienda catalán y valenciano, Antoni Castells (PSC) y Gerardo Camps (PP), lo niegan.

Por otro lado, ERC censuró ayer la estrategia de CiU de exigir ahora un modelo de financiación exclusivo para Cataluña, como tienen País Vasco y Navarra, y dio su "total apoyo" a la propuesta de Castells, afirmó a este diario Josep Huguet, consejero de Innovación, Universidades y Empresa. Huguet es el hombre fuerte de ERC en financiación.