Encaje de bolillos

Ha arrancado la discusión sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, exigido por las reformas estatutarias y por el envejecimiento del sistema ante una realidad cambiante. El debate será duro, lo que está en la lógica de todo sistema descentralizado y federalizante, pues se trata de cohonestar intereses contradictorios. Lástima que aflore de nuevo sin un Senado territorial, su cauce natural.

En un asunto muy susceptible de enconamiento, resulta obligatorio expresar las distintas posiciones, por firmes que sean, con extrema corrección. Todas deben ser cuantificables y argumentables. Al fin, la solución debe servir a todos. Por ello deben excluirse las demagogias cruzadas: tanto las soflamas populistas sobre el presunto egoísmo de las comunidades ricas, como los inversos desprecios a las regiones pobres que, supuestamente, sobreviven sólo gracias a las subvenciones de los prósperos.

El nuevo sistema debe compatibilizarse con el encaje de las inversiones estatales según los criterios heterogéneos plasmados en cada Estatuto: un difícil encaje de bolillos. Debe trazar rumbo para el gasto de cada Administración, cuando sucede que el gasto autonómico (sobre todo en Enseñanza o Sanidad) es estructuralmente más expansivo que el central (por ejemplo, en Defensa o Asuntos Exteriores), independientemente de la eficiencia de cada burocracia: más difícil todavía en una coyuntura de seria desaceleración. Y debe, además, revisar y cuantificar las transferencias de cohesión, concepto más laico, frío y útil que el de la solidaridad: un esfuerzo titánico.

En los últimos años han sucedido muchas cosas que habrá que calibrar antes de decidir sobre esto último. Entre otras, una vertiginosa convergencia real entre regiones pobres y ricas, sin comparación, por ejemplo, con Italia, lo que evidencia el éxito del sistema: es normal que, llegados a un cierto umbral, los contribuyentes netos pretendan limitar la intensidad de sus transferencias, sobre todo si éstas acaban reduciendo su renta per cápita relativa; y también que los receptores netos pugnen por mantenerla a igual velocidad hasta que se vislumbre la paridad.

Cambió asimismo la política europea de cohesión: en detrimento de España y beneficio de los nuevos socios del Este, ciertamente, pero también ligeramente a favor de los países más prósperos, nuevo escenario perjudicial para las regiones españolas receptoras, que además plantea nuevos referentes que prescriben reequilibrar el sistema en favor de la eficiencia y las zonas-locomotora. Y desde luego ha cambiado la demografía relativa. La fuerte ola inmigratoria ha aterrizado asimétricamente: se explica que las autonomías más afectadas, generalmente las más prósperas, clamen por ello, pero eso no anula la persistencia de otros problemas y necesidades particulares en las demás. Al cabo, el interés general no es sólo la suma de los distintos y legítimos intereses particulares; pero debe incluirlos.