Columna
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Qué verde era mi hábitat

Un constructor me contó hace años un caso que le ocurrió durante unas obras de consolidación de la muralla de Lugo. Los trabajos consistían en inyectar resinas a presión, y un hombre los seguía con más atención de la habitual en los practicantes de workspotting (como una amiga califica a los mirones de obras) y con nerviosismo creciente. Cuando iban a proceder en un punto determinado, el mirón se acercó al capataz y le preguntó si no podían hacerlo algo más allá o acá. No, porque seguían un preciso sistema de triangulación, pero el hombre insistió e insistió, sugirió incluso un soborno hasta que al final, desesperado, se sinceró: exactamente al otro lado, adosada al monumento bimilenario, tenía su casa y la había dotado de un cuarto de baño excavando en la muralla. Si inyectaban allí, la resina le pondría los azulejos en la puerta de entrada.

Castelao decía que en Galicia no se protesta, se emigra. Quizá la patronal puede hacer las dos cosas

Galicia es un país construido mediante la ocupación exhaustiva del territorio y quizá por eso el habitante considera que tiene total autonomía para construir dónde y como quiera. Esa debe ser la explicación psicosocial y amable de por qué esta es la zona costera más arrasada urbanísticamente de todo el litoral atlántico, de Trondheim a Sagres. Ese arrase se produjo en dos momentos de fuerte demanda. El desarrollismo y la emigración del campo a la ciudad desfiguraron las ciudades. En la década actual, el cemento como inversión más rentable alicató la costa y despersonalizó por completo pueblos y villas. Cuando John Malkovich preparaba la única película que ha dirigido, Pasos de baile (The dancer upstairs, 2002) arribó a Galicia con la localización ideal, una foto de Malpica en los años 50. Su contacto gallego tuvo que llevarlo allí para convencerlo de que el sitio sí había cambiado tanto. Más allá de cantos nostálgicos a paraísos perdidos, ambos procesos ocasionaron la pérdida de un enorme patrimonio, incluso económico. En el más reciente, la marea de cemento paradójicamente ha hecho inaccesible para las nuevas generaciones tener una vivienda en el lugar donde nacieron.

Los dos fenómenos se han dado con unos más que considerables beneficios para los promotores, ante la resignación o el aplauso inocente de la mayoría de la población y, desde luego, con la complicidad necesaria de los gobiernos locales. En los casos más benévolos por omisión, porque la corporación no se iba a enfrentar a un vecino constructor. O por acción semipasiva, porque al alcalde que poco más programa tenía que construir un par de rotondas y dudaba si con chafariz o sin él, se le presentó un emprendedor con un proyecto bajo el brazo que traería progreso, modernidad y riqueza para todos. Si hay algún pequeño inconveniente, como que el proyecto está dentro de la franja de protección del litoral, el ayuntamiento se compromete noblemente por escrito a liquidar el obstáculo, como firmó el anterior gobierno local de Muxía con una urbanización que se construiría en terrenos de familiares y que multiplicaría por dos el número de viviendas existentes. En otros casos, la complicidad roza la lealtad legionaria, como cuando el ayuntamiento de A Coruña recurrió una sentencia que obligaba a una superficie comercial a compensarlo con más de 200 millones de las entonces pesetas. Claro que hay de todo, gestores buenos, malos y regulares, pero cada día son más difíciles de distinguir.

En resumen, es lógico que promotores y constructores protesten contra las normas de la Consellería de Vivenda para la mejora del hábitat. Incluso con advertencias tan chocantes como la del sector lucense, que amenazó con mudarse (¿qué y a dónde?). Castelao decía que en Galicia no se protesta, se emigra, aunque quizá la patronal puede hacer las dos cosas. Pero los ayuntamientos estarían más cargados de razón en reivindicar su competencia para acuñar moneda o gestionar las relaciones exteriores que en reclamar una autonomía urbanística cuyos resultados están -y tanto- a la vista. Supongo que cuando se promulgó la ley que obligaba a dotar de ascensor a los edificios de más de cinco pisos no protestaron porque entonces (mediados de los años 40) no se podía. Pero cuando el Gobierno realizó en 1921 la declaración la Muralla romana como monumento nacional, no fue sin una notable oposición de las fuerzas vivas de la ciudad, que la consideraban un corsé para el desarrollo. Que se lo digan al que excavó el cuarto de baño.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 23 de abril de 2008.