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Un recurso bloquea la indemnización por el 'caso de Iván y Sara'

El juez dice que no puede dar el dinero a los hijos de Carmen Fernández

Reyes Rincón

Los hijos de Carmen Fernández no han heredado aún los 1,7 millones con los que la Junta tuvo que indemnizar a su madre -fallecida en diciembre de 2007- por haberle retirado a sus dos niños menores, Iván y Sara. Pero los descendientes de la mujer sí que han heredado el farragoso proceso judicial en el que Fernández se vio envuelta durante 11 años.

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El dinero de la indemnización está en la cuenta del Juzgado de Familia 7 de Sevilla pero no puede salir de ahí porque la Audiencia no ha resuelto un recurso que fue presentado por Fernández después de que el juez Francisco Serrano decidiera retener la indemnización hasta que el Tribunal Constitucional corroborara la sentencia que le daba la razón.

Aquel recurso no tiene ya razón de ser porque el Constitucional ha corroborado que la Junta tenía que indemnizar a la mujer por la "privación ilegítima" de sus hijos. Sin embargo, el recurso sigue pendiente de resolución e impide hacer efectiva la sentencia del Constitucional.

"Cuando la Junta recurrió en amparo ante el Constitucional, el propio Constitucional ordenó al Juzgado que no entregara el dinero de la indemnización", recordaron ayer fuentes judiciales. "El juez retuvo el dinero en aplicación de la orden del Tribunal Constitucional y el abogado de la mujer recurrió esa decisión ante la Audiencia. Ese recurso todavía no se ha resuelto, por lo que el procedimiento no está en manos del juez, sino de la Audiencia", explicaron estas fuentes.

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La solución pasa, según el Juzgado, por que los hijos se personen en nombre de la madre fallecida y retiren el recurso ante la Audiencia. Un mero trámite que permitiría desbloquear el caso. Pero aquí surge un nuevo obstáculo: Sara, la hija retirada por la Junta cuando tenía cuatro años y que ahora tiene 17, está en Suramérica y tiene dificultades para regresar por problemas con la justicia, según fuentes del caso. Sara volvió a vivir con su madre por voluntad propia cuando cumplió 13 años y Fernández le otorgó la emancipación antes de morir para que, a efectos legales, la menor fuera considerada mayor de edad en asuntos civiles.

El dinero está en una cuenta del Juzgado de Familia número 7, cuyo titular, Francisco Serrano, sostuvo ayer que el reparto de la indemnización no está ahora en sus manos.

En declaraciones a Europa Press, Serrano aseguró que "no ha existido dilación" por su parte y que son los herederos los que "no se han presentado" ante la Audiencia para desistir del recurso. "Están missing [desaparecidos]", dijo.

Carmen Fernández lo dejó todo atado antes de morir para que sus hijos pudieran recibir los frutos de sus 11 años de lucha. La mujer nombró a una albacea, que debe ser la encargada de repartir su herencia pero que, hasta ahora, no ha podido llevar a cabo la tarea que Fernández le encomendó. La albacea, María Dolores Serrera, ha hecho público esta semana un comunicado para denunciar la retención de la indemnización por parte del Juzgado de Familia 7.

Serrara afirma que ya se ha dirigido sin éxito en cuatro ocasiones al juez Serrano. La mujer requirió por primera vez al Juzgado el dinero de la indemnización el 11 de marzo a través de un escrito. Al no obtener respuesta volvió a enviarlo el día 18 y repitió la operación mediante un fax el 19 de marzo. "Ante el silencio del Juzgado presenté escrito el día 10 de abril", explica la albacea. En su cuarto requerimiento al juez, además de reiterar la petición de entrega del dinero para poder realizar el reparto entre los herederos, Serrara expuso el perjuicio que supone la retención de la herencia -"sin rentar interés alguno"- para los hijos de Fernández. La albacea ha presentado una queja ante el juez decano de Sevilla.

Carmen Fernández, en una foto de archivo.
Carmen Fernández, en una foto de archivo.PÉREZ CABO

La justicia llegó tarde para Carmen Fernández

Carmen Fernández murió el 7 de diciembre de 2007. Falleció en un centro de cuidados paliativos de Madrid, sola y pobre, a pesar de que seis semanas después el Tribunal Constitucional le reconoció el derecho a una indemnización millonaria por un error impagable: la retirada irregular, por parte de la Junta de Andalucía, de dos de sus cuatro hijos.

El litigio de Fernández empezó en 1996, cuando la Junta le quitó por alcoholismo a sus dos niños menores, Iván y Sara, que entonces tenían tres y cuatro años. Los menores fueron entregados en acogimiento a una familia de Dos Hermanas (Sevilla) y la rehabilitación de la madre, que dejó el alcohol y encontró trabajo, no bastó para que los servicios de protección del Gobierno andaluz reconsiderasen su decisión.

La mujer llevó el caso a los tribunales y en 2002 la justicia le dio la razón, pero en la misma sentencia reconocía que, debido al tiempo transcurrido, era imposible devolverle a los niños. A cambio, la Audiencia de Sevilla condenó a la Junta a indemnizarle con 1,7 millones. La Administración pagó, pero recurrió al Tribunal Constitucional, que ordenó al juez de Familia 7, que había instruido el caso, retener el dinero hasta que hubiera una resolución firme. El recurso de apelación presentado por el abogado de Fernández contra esta decisión es el que ahora impide a los hijos de la mujer cobrar la indemnización.

La única alegría de Fernández en el tiempo que duraron sus pleitos fue la decisión que adoptó Sara al cumplir 13 años. La Joven, que ahora tiene 17, optó por no esperar a que los jueces hablaran y volvió por voluntad propia con su madre biológica. El abogado de Fernández pidió en los últimos años que los tribunales dieran prioridad al caso porque Fernández padecía un cáncer terminal. La enfermedad fue más rápida que la justicia.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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