Crónica de un certificado fraudulento

Nadie, oficialmente, sabe ni quiere saber nada de él, pero dejó un rastro incandescente que demuestra su existencia. Varios años después de haberse firmado y desautorizado saca humo bajo el sillón del presidente de la Diputación de Valencia, que ni niega ni afirma y trata de esquivar sus consecuencias. Sin embargo, un pequeño accionista baraja llevar el caso ante los juzgados por las consecuencias que, desde su punto de vista, podría tener en la sociedad a la que pertenece, Aguas de Valencia.

Según la investigación realizada por el PSPV en la Diputación de Valencia, los Servicios Técnicos y Económicos detectaron que la certificación realizada en 2001 por el Servicio del Área de Medio Ambiente respecto al cumplimiento de unas aportaciones no dinerarias valoradas en 4,9 millones de euros no estaba suficientemente acreditada. El certificado emitido por ese servicio, con fecha 25 de mayo de 2001, con origen en la privatización del 49% de la Empresa General Valenciana de Agua, SA (Egevasa), propició que la junta general de esa empresa, de la que la Diputación tiene el 51%, aprobase dicho cumplimiento a efectos de liberar el aval emitido en garantía. Sin embargo, un año después, la misma junta general, al conocer las reticencias de los servicios técnicos al respecto, decidió dejar en suspenso el acuerdo así como la liberación del aval, ya que para su ejecución tendría que acreditar la realización y, en caso contrario, la Diputación tendría que percibir los 4,9 millones de los avaladores.

El proceso se inició con la privatización de 3.047 acciones de Egevasa (el 49%), aprobada por el pleno de la Diputación el 22 de septiembre de 1998. Este paquete, que representa el 49% de la empresa, fue adquirido por la sociedad Vainmosa, participada por el Banco de Valencia y el BSCH como socios financieros, y Fomento Agrícola Castellonense (Facsa) y Luis Batalla, SA, (Lubasa) como socios industriales. En la operación, a efectos de la toma de participación en el capital social de Egevasa, Vainmosa adquirió el compromiso adicional de llevar a cabo determinadas aportaciones no dinerarias (estudios hidrogeológicos y sistemas de información) por valor de 817 millones de pesetas y de formalizar un aval para garantizar su cumplimiento.

El 15 de noviembre de 2000, Lubasa y Facsa se subrogaron ese compromiso adicional renunciando a exigir cualquier contraprestación a Vainmosa, que en 2001 se integraría en Aguas de Valencia. A partir de 2002, como consecuencia de la suspensión del aval por parte de la junta general de Egevasa, las cuentas anuales de Aguas de Valencia han consignado la existencia de este aval pendiente de ser liberado por la Diputación de Valencia.

El ingeniero Juan Broseta, representante de la multinacional francesa Suez Environnement, que posee el 33% de Aguas de Valencia, remitió una carta como pequeño accionista el pasado 26 de marzo al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, solicitando información acerca del cumplimiento de las aportaciones. Broseta aseguraba que existían una serie de circunstancias que inducían a "una cierta confusión" respecto a la realización o no de estas contraprestaciones.

Asimismo, el pasado 9 de abril remitió un burofax al presidente del consejo de administración de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, pidiéndole información sobre si en el momento de integrar Vainmosa en la empresa se consideró como cumplida la obligación de realizar aportaciones no dinerarias a Egevasa. En ese sentido, también le pregunta sobre si la subrogación de Lubasa y Facsa fue aceptada por la Diputación de Valencia y, en todo caso, cuál es el estado actual de dicha obligación, así como qué garantías va a adoptar Aguas de Valencia para exigir dicho cumplimiento a Lubasa.

El accionista minoritario planea llevar a los tribunales al funcionario que firmó la certificación siendo presidente de la Diputación el fallecido Manuel Tarancón. El actual presidente, Alfonso Rus, ha declinado aclarar la situación y no ha querido hacer declaraciones sobre esa certificación fraudulenta que podría constituir un fraude público. Su responsable de prensa, tras comunicar el rechazo de Rus a dar explicaciones se limitó a comentar: "Eso es muy raro". Por su parte, el PSPV en la institución provincial se ha mostrado partidario de llevar la investigación hasta el fondo y, ya que la certificación quedó anulada, que se ejecute el aval y los 4,9 millones se inviertan en proyectos de mejora de redes locales de Egevasa, según ha manifestado su portavoz, Rafael Rubio.