Moaña revive la rebelión de O Morrazo, 18 años después
Los más de 1.000 vecinos que anoche se manifestaron en Moaña contra la revisión del Catastro, reviven la rebelión popular de O Morrazo en los años 80, que acabó con la destitución del alcalde de Cangas, Los pena (PSOE).
"Moaña es muy pacífica. Aquí no hubo incidentes y lo único que queda es que el alcalde colabore con la paz de este municipio y se reúna con los afectados", explicó ayer José Fervenza (PP), líder de la movilización contra el nuevo Catastro. Ayer mismo terminó el período de alegaciones sobre la ponencia de valores realizadas por el centro de gestión catastral del Ministerio de Hacienda.
Desde aquella rebelión popular, el catastro ha optado por mirar hacia otro lado. Mientras se actualizaron y revisaron los valores catastrales de la mayoría de los municipios gallegos, Moaña y Cangas quedaron siempre pendientes. "El catastro de Moaña lleva 18 años sin actualizar", recuerda Arturo González (PSOE), concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Moaña.
La subida de los valores catastrales ha sido especialmente elevada en las revisiones posteriores al año 2000, como consecuencia de la escalada de precios inmobiliarios y la nueva política de tratar de acercar los valores catastrales a los de mercado.
Triplicar valores
La denominada Plataforma contra el Catastrazo y el PP de Moaña han encabezado la lucha contra la revisión, con movilizaciones, encierros y encadenamientos a las puertas del Ayuntamiento que comenzaron hace un mes.
José Fervenza asegura que, además de elevar los valores de las viviendas, la revisión del catastro contiene importantes errores que perjudican a muchos vecinos. Según el concejal del PP, hay casas que pasan de un valor catastral de 50.000 a 150.000 euros; parte del cementerio de Domaio se ha apuntado a la propiedad de un vecino; y hay 1.000 afectados que no fueron notificados de que sus fincas pasan de ser catalogadas como urbanas a rústicas.
El valor catastral de una vivienda establece el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que cobra cada ayuntamiento, así como la declaración del IRPF en la parte de declaración de patrimonio y las plusvalías de compraventa de parcelas o viviendas.
Los opositores al nuevo catastro afirman que continuarán movilizándose hasta que el alcalde negocie cambios.
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