13 detenidos por facilitar bodas de conveniencia a inmigrantes

El pasado día 16, en el Registro Civil de Amposta (Tarragona), una boda no se celebró. Tres testigos de la ceremonia fueron detenidos por la policía nacional. Acudían a dar fe de una relación que en realidad era un matrimonio de conveniencia.

La policía estima que pueden llegar a mil los inmigrantes que captó la banda

Ese mismo día, pero en Valencia, la policía detuvo a otras diez personas. Todos ellos formaban parte de una red que desde hace al menos cuatro años captaba inmigrantes, sobre todo suramericanos, les ofrecía residencia y nacionalidad a través de matrimonios de conveniencia, les cobraba por ello entre 4.000 y 14.000 euros y les proporcionaba contratos de trabajo con empresas tapadera o mercantiles con deudas a la Seguridad Social. Una gestoría ubicada en la avenida de los Tamarindos, en Valencia, acumulaba la mayoría de los expedientes ahora bajo sospecha. Los trece detenidos están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, de estafa y de falsificación documental. El Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia se ha hecho cargo de la investigación.

J.J.C.F., de Valencia, gestor de profesión, es el cabecilla, según la policía nacional, de una red que fundamentalmente se dedicaba a proporcionar a inmigrantes en situación irregular matrimonios de conveniencia. A estos mismos inmigrantes o a otros, les ofertaba la tramitación de la residencia por arraigo, aunque, según algunos detenidos, no siempre lo hacía. A un número indeterminado, les cobró 4.000 euros por regularizar su situación, pero no lo hizo. Los afectados difícilmente podían reclamar porque el cabecilla nunca desvelaba la dirección de sus oficinas.

Según fuentes policiales, J.J.C.F., sin antecedentes, había tejido una red de colaboradores muy sólida. Unos estaban en su propia gestoría (en la avenida de los Tamarindos o en otra oficina con menor actividad situada en la calle del Maestro Rodrigo, también en Valencia). Otros, eran captadores y figurantes (testigos falsos en las bodas).

La investigación se inició el pasado diciembre por informaciones policiales previas. No hay, hasta ahora, denuncias de inmigrantes a los que la red cobrara por matrimonio de conveniencia, por tramitar papeles o por ambas cosas. De momento, de una importante cantidad de expedientes localizados en los registros de las dos oficinas, la policía deduce que pueden ser hasta mil los inmigrantes afectados, y se han localizado 30 matrimonios de conveniencia perfectamente documentados. Desde la brigada que lleva el asunto se asegura que "la cifra se disparará mucho porque la red se dedicaba fundamentalmente a los matrimonios de conveniencia". La policía tiene documentado que esos matrimonios se han celebrado sobre todo en la provincia de Valencia, pero también en Toledo, Cuenca, Castellón y Tarragona. Los inmigrantes, que según la policía sabían que participaban de una ilegalidad al acceder a contraer un matrimonio de conveniencia, no han presentado denuncia.

Los trámites, para los que la red estaba preparada hasta el extremo de contar con cuestionarios muy rigurosos sobre las preguntas que podrían hacer a los contrayentes para verificar la autenticidad del vínculo, fueron reales y los certificados también. Las bodas figuran como auténticas porque superaron los controles. El contrayente español cobraba entre 2.000 y 4.000 euros; cada testigo, 300; el resto de participantes para recados, 60; y los que empadronaban en su domicilio a alguno de los contrayentes, 200 euros.

Según la información obtenida de los detenidos, los matrimonios duraban entre uno y dos años. Para proteger los intereses del español que accedía a la boda por dinero, inmediatamente después del enlace, la red acompañaba a la pareja a un notario para dejar constancia de la separación de bienes.

El negocio no acababa ahí. Después, el divorcio. Lo gestionaban por 1.200 euros. Y si incluía un trabajo, 250 euros al mes por estar dado de alta en la Seguridad Social. En este caso, en empresas tapadera, sin actividad, o en una cadena de mercantiles que acumularon, según la policía, deudas millonarias a la tesorería general.