Valencia y Murcia lucharán por el agua en el Constitucional
El Gobierno convoca de urgencia una cumbre con todas las comunidades
Los presidentes de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, recurrirán al Tribunal Constitucional y a la movilización callejera para exigir que el agua del Ebro llegue a sus territorios. Camps y Valcárcel se reunieron ayer en Valencia para coordinar sus actuaciones y presionar al Gobierno para que recupere íntegramente el trasvase del Ebro, derogado en 2004. Hasta la fecha, la Comunidad Valenciana y Murcia no tienen problemas de agua para consumo.
La movilización de los dos presidentes del PP se justifica por la decisión del Gobierno de autorizar un trasvase de urgencia para garantizar el suministro de agua potable a Barcelona. Los socialistas llamaron ayer a rebato a sus barones para tratar de lanzar un mensaje de unidad. El argumento de autoridad lo esgrimió el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. "Cuando los presidentes Camps y Valcárcel abren el grifo, beben agua del Tajo". Se refiere Barreda al último trasvase, con fecha 28 de marzo, por el que esas regiones recibirán en este trimestre 39 hectómetros cúbicos. La filosofía que defiende Barreda es la que ayer se aprobó en una reunión celebrada en la sede federal del PSOE, dirigida por la responsable de Medio Ambiente, Soraya Rodríguez: el Gobierno arbitrará siempre una solución para suministrar agua para beber.
El PSOE intentó convencer a sus federaciones de que no interioricen el discurso del PP. No obstante, los socialistas aragoneses precisaron que el Gobierno de Aragón, presidido por Marcelino Iglesias, se mantiene a la espera de que un informe jurídico dictamine si esa cesión de agua contradice la derogación del trasvase del Ebro. Lo cierto es que aunque ayer se logró cierta unidad en el mensaje, en el PSOE se ve inevitable que sus compañeros, ante "el acoso" del PP, tengan un margen de maniobra y demanden soluciones a Zapatero.
La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha convocado a todos los consejeros autonómicos con competencia sobre aguas a una reunión para mañana en Madrid para explicarles la decisión que hoy firmará el Consejo de Ministros de transferir agua del Ebro a Barcelona. Un decreto-ley que es, precisamente, el que van a recurrir Camps y Valcárcel.
El asunto, además, dio ayer un nuevo bandazo. El consejero catalán de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, propuso que Barcelona utilice 35 hectómetros cúbicos sobrantes del minitrasvase del Ebro, pero no los consuma. Los dejará en el río, donde se hubieran quedado. ¿Qué beberá entonces Barcelona? Agua comprada a los regantes en el delta del Ebro, pero no sólo en el delta. Baltasar pretende adquirir derechos de riego a los agricultores de Lleida. El agua que hubieran utilizado seguirá hasta el delta y allí se usarán las conducciones del Consorcio de Aguas de Tarragona para llevarlas hasta la ciudad, desde donde partirá la tubería paralela a la AP-7. El agua se pagará dos veces, pero el caudal del río no se ve alterado.
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