Cartagena entrará en prisión si en un mes no recibe el indulto del Gobierno

Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas, del PP, dispone de apenas un mes para lograr el indulto y eludir el ingreso en la cárcel. El 20 de mayo expira el ultimátum del tribunal para que el Gobierno le libere de la pena de cuatro años de prisión por apropiarse de una donación de 49.000 euros de unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela.

El 14 de marzo de 2002, la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, condenó a Cartagena, también alcalde de Orihuela entre 1987 y 1996, a cuatro años por malversación y falsedad. Junto al ex consejero, fue condenado por falsificación el industrial Ángel Fenoll. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia el 16 de marzo de 2004. El 14 de abril del mismo año, el ex cargo del PP pidió el indulto. Y el 8 de junio de 2004, el tribunal suspendió su ingreso en prisión.

Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde la petición del indulto, el tribunal dictó el pasado 20 de noviembre una providencia con un plazo de seis meses para que el Gobierno resolviera la petición. Extremo que, a un mes y cinco días para que expire el plazo, no se ha materializado. El fiscal encargado de la ejecutoria de la sentencia se muestra partidario de no conceder más plazos. El representante del ministerio público cree "desproporcionado" el plazo del que ha dispuesto el condenado para lograr el indulto. No obstante, la última palabra la tiene, de nuevo, el tribunal. Y pese a que los tiempos marcados en la providencia son nítidos, la sala podría demorar unas semanas más la decisión: "El caso [el ingreso o no en prisión de Cartagena] se resolverá antes del verano", asegura el presidente del tribunal a través de un portavoz oficial de la Audiencia de Alicante.Luis Fernando Cartagena, ex consejero de la Generalitat en la época de Eduardo Zaplana, prácticamente abandonó en el baúl de los recuerdos su pena a cuatro años de prisión una vez que el tribunal le suspendió temporalmente el ingreso en la cárcel, en junio de 2004. Desde esa fecha, el también ex regidor de Orihuela tampoco cumplió con la obligación legal de informar semestralmente al tribunal del estado en que se encontraba su petición de indulto. Este incumplimiento motivó que en enero de 2007 el fiscal del caso presentara ante la sala un escrito en el que solicitaba verificar ese proceso. El escrito del ministerio derivó posteriormente en el ultimátum recogido en la providencia de noviembre de ese mismo año.

La petición de indulto de Luis Fernando Cartagena contó con el apoyo parcial del tribunal porque, entre otras cuestiones, el condenado restituyó la cantidad, con sus respectivos intereses, de la que se apropió. Sin embargo, la Fiscalía se opuso desde el principio a esta medida de gracia para el ex alto cargo del PP. El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, que encarnó la acusación pública en el juicio, justificó así su negativa: "No veo razones de equidad y justicia para otorgar el indulto a Cartagena", dijo. "Tampoco pensamos que el hecho de que Cartagena haya restituido la cantidad de la que se apropió sea motivo suficiente para el indulto. Estaríamos, pues, ante una clara discriminación entre ricos y pobres", añadió.

Luis Fernando Cartagena afronta su hipotético ingreso en la cárcel pendiente de otro proceso, en este caso por su supuesto delito fiscal derivado de la contratación de primas únicas. La investigación de este caso comenzó en 1992 y 16 y años después aún no se ha celebrado el juicio. Parte de ese tiempo se ha agotado en recursos y contrarrecursos sobre qué juzgado era el competente para instruir la causa. Tras decidir que la oficina judicial competente era la número 4 de Orihuela, el fiscal anticorrupción de Alicante presentó su escrito de calificación inicial con una petición de tres años de cárcel por un supuesto fraude fiscal de 310.000 euros.