Empezamos con el sudoku

El inicio de la legislatura puede quedar marcado por dos temas clásicos de enfrentamiento interterritorial: una nueva negociación de la financiación autonómica, obligada, entre otras cosas, por la puesta en marcha de los nuevos estatutos (el famoso sudoku del que habló en su día Pedro Solbes) y la publicación de las balanzas fiscales (saldo entre lo que pagan los habitantes de un territorio en impuestos y lo que la Administración central del Estado les devuelve en servicios, prestaciones e infraestructuras). Los políticos en general aseguran que las dos cosas no están relacionadas y que la financiación de las diferentes autonomías no puede hacerse, y no se hará, en función de esas balanzas fiscales. Ésa es la teoría, pero en la práctica es evidente que la publicación de esas balanzas, reclamada y exigida casi exclusivamente por los políticos catalanes, va a tener una enorme repercusión pública y que, se quiera o no, se convertirá en un instrumento formidable a la hora de orientar a las opiniones públicas en una dirección o en otra.

La publicación oficial de las balanzas fiscales se convertirá, quiérase o no, en una forma de orientar a las opiniones públicas

La negociación de la nueva financiación autonómica se complica con la puesta en marcha de los nuevos estatutos

Es cierto que el debate sobre las balanzas fiscales es antiguo y que ya existen numerosos análisis financiados por entidades privadas e institutos de estudios fiscales. Pero son variados, utilizan metodologías distintas y ofrecen resultados diferentes. El saldo depende, como es lógico, de lo que se impute como ingreso y, sobre todo, como gasto. La novedad en este caso es que se tratará, por primera vez, de un estudio oficial, en el que se fijará la metodología del análisis, y que una vez publicado se convertirá en el punto de referencia obligado de cualquier discusión política.

El Ministerio de Hacienda, que nunca ha sido favorable a hacer públicos esos datos, tendrá que establecer una metodología aceptable por todos los interlocutores, y muy especialmente por los nacionalistas catalanes (el PSC suele coincidir en estos temas, con pocos matices, con CiU y con ERC). Se supone que Hacienda favorece la elaboración de balanzas de acuerdo con el sistema llamado de "carga-beneficio" y no de "flujos monetarios", utilizado más frecuentemente en estudios encargados por partidos nacionalistas. Por lo menos ése fue el sistema utilizado en el trabajo que encargó el año pasado el Instituto de Estudios Fiscales (dependiente del ministerio) a dos especialistas en la cuestión: Ezequiel Uriel, catedrático del departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, y Ramón Barberán, profesor del departamento de Estructura e Historia Económica de la Universidad de Zaragoza.

Los dos profesores se esforzaron en dejar claro que el gasto público no tiene finalidad territorial, sino que "se dirige directamente a la cobertura de necesidades individuales y se atiene al principio de igualdad de trato de todos los ciudadanos". "A su vez", explicaba Barberán, "los ingresos necesarios para financiar el gasto público se recaudan atendiendo a criterios que ponderan las condiciones personales de los sujetos pasivos, sin atención alguna a su territorio de residencia". Aun así, nadie niega que "los ingresos y gastos públicos dan lugar a importantes efectos redistributivos interterritoriales". Finalmente, el estudio llegaba a la conclusión esperada por todo el mundo: en España hay siete comunidades "contribuyentes netas": Madrid, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón. El resto son "beneficiarias netas".

Para la mayor parte de los territorios autonómicos, esos desajustes son moderados "en la medida en que siguen manteniendo el mismo orden en relación al PIB antes que después de aportar recursos al Estado". Madrid, que es la primera en aportar ingresos, es la primera en cuanto al PIB de su comunidad. No sucede así en el caso de Cataluña, que es la tercera en aportación de recursos, pero la quinta en cuanto a su PIB. Éste fue uno de los datos esgrimidos por los negociadores del nuevo Estatut para reclamar, y conseguir, la famosa disposición adicional tercera: "La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años". Pero según Uriel y Barberán, ese desfase es todavía mayor en el caso de la Comunidad Valenciana, que es la cuarta contribuyente neta y la octava en relación con su PIB. El sudoku se complica.

(Por supuesto, el País Vasco y Navarra se mantienen absolutamente al margen de este debate. Las dos comunidades disfrutan de un sistema de financiación exclusivo, prácticamente confederal, y no tienen la menor intención de hacer ruido o de llamar la atención al respecto). -