Juan López Gayá, juez
Investigó el 'caso Sóller', la acusación contra Gabriel Cañellas
El ex decano del Colegio de Abogados de Baleares y magistrado jubilado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Juan López Gayá -fallecido el pasado jueves, a los 77 años, en su Palma natal-, quedará reseñado como el muy discreto y eficaz juez instructor del caso Sóller, el escándalo de cobro de comisiones por la concesión pública del túnel de Sóller, uno de los asuntos de corrupción política de mayor calado en los años noventa. El asunto le costó el cargo y la carrera política a quien era presidente de Baleares y líder del PP Gabriel Cañellas. Juan López Gayá, interrogó al presidente y a su equipo, examinó las cuentas del PP y documentó el rastro dejado en talones, pagos y facturas falsas por una dádiva, un talón de 300.000 euros de 1988 que libró el concesionario del túnel, Antonio Cuart.
El juez desaparecido, un liberal a la izquierda, lector y campechano, nunca comentó detalles de su trabajo, ni después de su jubilación. El sumario, con las aportaciones del fiscal Juan Carrau, de la policía y de Hacienda fue impecable, según las sentencias del Tribunal balear y del Tribunal Supremo: se verificó la existencia de un cohecho pero Cañellas, el ex secretario general del PP y un ex consejero fueron absueltos por haber prescrito el plazo de persecución penal del delito. López Gayá se distanció de la presión localista del sistema de una isla "donde todos nos conocemos" (doctrina Cañellas) y de la excitación de la izquierda que acusaba. El caso Sóller resultó un episodio histórico en Baleares y en España porque implicó en 1995 la caída por corrupción de un mandatario autonómico y de un líder vencedor del PP, tras haber ganado por mayoría absoluta, después de 12 años en el poder. Cañellas fue cesado por José María Aznar, para que no fuera un obstáculo en su camino a La Moncloa.
El magistrado fallecido, un demócrata y antifranquista sin militancia partidista, se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona, se formó en diferentes despachos de Madrid y Barcelona, especializándose en Derecho Mercantil y posteriormente abrió un bufete en Palma. Respetado por sus colegas desde que fue el líder natural de los jóvenes letrados de Palma en las postrimerías de la dictadura, fue aupado a la presidencia del Colegio de Abogados en 1982.
Compañero del jurista y ex presidente de las Cortes Félix Pons, López Gayá esquivó desde 1977 las invitaciones para dar el salto a la política. Asumió el compromiso con la judicatura cuando los grupos del Parlamento balear le propusieron para ser designado uno de los dos magistrados entre personalidades de reconocido prestigio. En las últimas elecciones generales de 2008 quiso ir a votar, ya lastimado, en silla de ruedas. Dos de sus hijos siguen la tradición jurídica.
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