Los jueces

Los periódicos, las radios y los televisores se llenan todos los días de noticias que hablan de nuestros jueces. Esas noticias se relacionan con la politización de la justicia, con el bloqueo de los órganos judiciales y con algunas decisiones que se deben al afán de control de los partidos mayoritarios. Otras veces salen a la luz errores judiciales, historias de retrasos con repercusiones legales, criminales que vuelven a cometer delitos porque no se tramitan sus sentencias o reclusos que permanecen por dejadez y olvido en la cárcel después de ser declarados inocentes. Las noticias relacionadas con los jueces suelen ocupar los medios de comunicación excepto en periodos de campaña electoral. Los partidos que gozan de tiempo para exponer y publicitar sus programas se olvidan entonces de las dificultades de nuestro sistema judicial.

Las historias humanas pueden observarse desde muchos puntos de vista y uno encuentra casi siempre motivos de comprensión. El ciudadano José Campoy pasó 455 días en prisión pese a ser declarado inocente. Sabemos que se trata de una injusticia grave, pero resulta más difícil valorar si esa injusticia es un golpe de mala o de buena suerte. Quizás sea la única oportunidad feliz que vaya a tener en su vida. La juez Adelina Entrena ha sido condenada a pagarle una indemnización de 103.000 euros, que José Campoy piensa invertir en desintoxicarse, sacarse el carné de conducir, comprarse un coche y buscar trabajo. Este error judicial puede convertirse en un modo eficacísimo de reinserción social. Para no caer en la tentación de los robos callejeros, nada más convincente que disfrutar de un mínima seguridad económica. Aunque se nos haya olvidado, el equilibrio social es un buen camino para luchar contra la delincuencia de calderilla. Me alegro por José Campoy.

Y lo siento por la juez Adelina Entrena. La sociedad suele ser muy dura con los errores personales. Resulta una forma cómoda de evitar plantearnos las deficiencias colectivas. Es inevitable asumir y exigir responsabilidades personales, pero la inercia de las opiniones más populares tiende a convertir el error profesional en un delito monstruoso. Hay quien llegó a afirmar que el verdadero culpable de la muerte de Mari Luz, la niña de Huelva, era el juez de Sevilla que tardó en tramitar una sentencia anterior. Ahora cae toda la responsabilidad de la mala o la buena suerte de José Campoy en la juez Adelina Entrena. A nadie parece interesarle que el recluso tuviera un abogado de oficio que no se preocupó de él, o que la sentencia absolutoria pudiese pasar desapercibida a través de las redes del sistema judicial hasta que un funcionario de prisiones se dio cuenta del error. No quiero disculpar a la juez, pero no me cuesta trabajo ponerme en su piel, comprender su error, apiadarme de la factura humana que está pagando.

Lo que me cuesta más trabajo es entender la desatención política y económica que arrastra desde hace años la justicia española, una desatención que después desemboca en noticias y titulares asombrosos. Ayer mismo nuestro periódico publicaba en primera página que "Meses de pasividad judicial acaban en un doble crimen machista". ¿Qué opinar entonces de la justicia? Resulta siempre más cómodo buscar un culpable inmediato, inventarse enemigos sociales, exigir el endurecimiento de las penas, convertir a los inmigrantes en sospechosos, conducir a las masas a la indignación contra el delincuente, acabar con las medidas de reinserción social y descargar la opinión pública contra los jueces o fiscales que cometen un error determinado. ¿Pero qué pasa con los gobiernos que se han olvidado del sistema judicial español o autonómico? ¿Y qué pasa con los órganos responsables de la justicia, más preocupados por participar en las querellas de los partidos que por conseguir que los juzgados funcionen bien?