La sentencia abre la vía a que las autonomías propongan magistrados

Una gran maquinaria política lleva empantanada desde el 4 de diciembre del año pasado. Se trata del proceso para nombrar a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que llevan en funciones desde mediados del mismo mes. Debían ser nombrados por el Senado antes del 17 de diciembre, cuando finalizaba el mandato de los actuales, con acuerdo del PP y el PSOE. Pero el PP boicoteó todo el proceso porque consideraba inconstitucional la nueva forma de hacer los nombramientos. Ayer, el Constitucional rechazó los argumentos del PP y abrió la vía para retomar el proceso, abortado por el propio Senado.

Esa nueva forma de nombrar a los magistrados da verdadera pereza. Con la nueva ley se trataba de acentuar el carácter de cámara territorial del Senado e involucrar a las comunidades autónomas en las altas instituciones del Estado. Para ello se establecía que los cuatro magistrados serían elegidos de entre los candidatos propuestos por las comunidades, que podrían ser hasta 34 nombres (dos cada una). Para concretarlo, el Senado modificó su Reglamento el pasado noviembre, por primera vez sin consenso, ya que el PP se opuso radicalmente a todo el proceso con la excusa de que debía esperarse a la sentencia conocida ayer. El resto de los grupos, liderados por el PSOE, decidieron que lo que debían hacer era cumplir la ley en vigor e iniciar el proceso de nombramiento, con sentencia o sin ella.

El viernes 23 de noviembre, el presidente del Senado comunicó a los parlamentos autónomos que abría un plazo de un mes para presentar candidatos. Pero era una quimera. Algunos parlamentos debían incluso reformar sus propios reglamentos y ponerse de acuerdo en la forma de hacer las propuestas.

Las comunidades con mayoría del PP ignoraron olímpicamente el asunto, dejando correr el tiempo. Las de mayoría socialista pidieron sospechosamente todas a la vez una ampliación del plazo porque aseguraban que les era imposible encontrar nombres de consenso a tiempo. Sólo los partidos en Cataluña y Canarias, por unos días, parecieron dispuestos a buscar candidatos sin contar con el PP, pero esa posibilidad la desinfló el propio PSOE. Finalmente, el Senado concedió esa ampliación "hasta después de las elecciones", que suponía, de facto, renunciar a cumplir su deber de nombrar a los magistrados a tiempo.

La apertura de un nuevo plazo no está de momento entre las prioridades de la Presidencia.