La 'coca' no teme la crisis

Hay un sector inmobiliario que difícilmente temerá el encarecimiento de los créditos o el desplome del precio de la vivienda: el dominado por el narcotráfico. Necesita imperiosamente invertir para blanquear el beneficio económico de la droga. No hay pérdida posible porque su dinero nunca debió existir. Es fruto del delito. Y es aquí, justo, en este talón de Aquiles de las organizaciones criminales, donde se está desarrollando un novedoso frente por parte de una unidad de la Comisaría General de Policía Judicial: la sección de Investigación Patrimonial de la Udyco (Unidades de Droga y Crimen Organizado) Central.

Llevan cosechados más de 83 millones de euros por esta vía. Una de las más recientes operaciones ejemplifica el descaro con el que operan estas bandas. Micharet sería una más de las miles de inmobiliarias que operan en España de no ser por el hecho de que ha servido de tapadera para la compra de un verdadero imperio con un dinero y un activo que nunca figurara en sus cuentas. El dinero procede de un personaje que, oficialmente, no figura en ella: Luis Moreno Jimena, preso desde octubre pasado por narcotráfico.

Los vendedores colaboraron al ser imputados en la labor de blanqueo

La policía requisó en una nave industrial de Arganda del Rey (Madrid) 254 kilos de cocaína. Ocultaba la droga en el interior de grúas y remolques, su aparente negocio. Sin embargo, en los registros efectuados, los agentes hallaron elementos que captaron aún más su interés: notas registrales de propiedades a nombre de terceros y fotos de un chalé.

Con el apoyo del juzgado número uno de Arganda, empezaron a desenredar el ovillo. Patearon distintas localidades de la zona de Arganda hasta que dieron con el chalé. Interrogaron a los propietarios de las fincas sospechosas, pidieron ayudas a oficinas de notaría... Y descubrieron un vasto imperio inmobiliario que no estaba registrado a nombre del narcotraficante y, sin embargo, lo había adquirido con el dinero de la droga.

En su mayoría, no existía escritura de tales compras, y, por tanto, no estaban registradas a su nombre. Al contrario que la mayoría de los ciudadanos, no mostraba ninguna prisa en oficializar tales compras. Sólo existían meros contratos privados de compras de fincas con poderosas sumas en efectivo. Los vendedores, animados por el hecho de haber sido citados como imputados, colaboraron con entusiasmo: detallaron y documentaron los pagos recibidos del narcotraficante. La investigación acreditó que en poco más de dos años se había hecho con un patrimonio inmobiliario valorado en nueve millones de euros. Esta cifra podría multiplicarse ya que los investigadores sospechan que buena parte de estas fincas podrían estar pendientes de recalificación. La Comisaría General de Policía Judicial tiene claro que el patrimonio es el punto más vulnerable del narcotraficante: una requisa de droga, la supera fácilmente. Pero si le privas de sus beneficios, le has hundido.