Los jueces de Málaga exigen medidas de fondo contra el colapso judicial

"En cualquier momento". Por si no había quedado claro, los jueces de lo Penal de Málaga lo pusieron ayer por escrito y con papel oficial: situaciones de "anormal funcionamiento de la Administración de Justicia", como la que permitió al presunto asesino de la niña Mari Luz gozar de libertad a pesar de estar condenado a casi tres años de cárcel, pueden "reproducirse en cualquier momento" por la "precariedad histórica" con la que, según ellos, desempeñan su labor.

Los diez jueces penales -en cuyos juzgados se acumulan entre 11.000 y 18.000 sentencias pendientes de cumplir, muchas de ellas de cárcel-, reclamaron ayer por unanimidad medidas "urgentes" para paliar el "alarmante" atasco judicial. Recordaron que hace ya dos años hicieron constar la situación "de colapso" en la que se hallan las ejecutorias. Esta situación, "largamente avisadas, no sólo se mantiene sino que ha empeorado". En 2007, cada uno de ellos entendió de 1.124 asuntos en 2007 y dictó una media de 600 sentencias.

Plan de choque

Las primeras reivindicaciones tienen que ver con la falta de medios humanos. Los jueces consideran indispensable "la creación de, al menos, cinco juzgados de lo Penal" en Málaga. Además, reclaman que la plantilla de cada juzgado pase de ocho funcionarios a diez, "tal y como ocurre en las demás órdenes jurisdiccionales". Mientras esto ocurre, los jueces piden a la Administración que aplique un "plan de choque" con funcionarios de refuerzo para absorber la demora.

La gran carga de trabajo que soportan estos juzgados hace que los funcionarios más experimentados aprovechen cualquier concurso interno para huir a otra jurisdicción más tranquila. Muchas veces, estos trabajadores son sustituidos por interinos sin experiencia y ni formación jurídica. Los jueces piden que estos puestos se cubran con licenciados en Derecho, que abundan en las listas de desempleo.

Los diez jueces penales piden "aplicaciones informáticas" que permitan a los juzgados "cruzar datos", así como acceder a "otras bases de datos". Estos medios materiales deberían venir acompañados, según ellos, del "impulso definitivo a la reforma de la actual oficina judicial, anclada en métodos propios del siglo XIX" y de la puesta al día de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882.