Los jueces de Málaga quieren privar de un aparcamiento a funcionarios

La apertura de un gran aparcamiento al aire libre junto a la Ciudad de la Justicia de Málaga, el edificio administrativo más grande de Andalucía, no ha servido para relajar el pulso que mantienen los jueces de la capital malagueña con los funcionarios judiciales por el uso de las 166 plazas de aparcamiento en el subsuelo del inmueble.

La cuestión puede parecer ridícula comparada con el enorme atasco de tramitación que sufren los juzgados malagueños -y de toda España-, pero al igual que el colapso judicial, hunde sus raíces en un sistema anticuado, poco dado a cambios, y en el que los jueces, en ocasiones, actúan como una casta.

"La seguridad no debe utilizarse como bandera para justificar privilegios"

Los jueces argumentan oficialmente razones de seguridad para que ellos y los fiscales se conviertan en los usuarios exclusivos del párking cubierto. Pero no es sólo eso: para muchos jueces esta pretensión es "una cuestión de orgullo profesional".

Al menos ésta es la consigna que circula entre los jueces y magistrados de Málaga, según confirman varias fuentes judiciales. Frente a los magistrados, fiscales y secretarios judiciales, colectivos con categoría de autoridad, los cerca de 1.200 funcionarios exigen que el aparcamiento sea para el que se lo trabaja. Es decir, que las plazas se adjudiquen en riguroso orden de llegada al edificio, sin importar el cargo. La posición de los jueces está avalada, aunque sólo muy parcialmente, por un informe solicitado por el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, a la Guardia Civil. En su escrito, el comandante del instituto armado en Málaga, José Espinosa, considera "indudable" que la seguridad de jueces y fiscales mejoraría "manifiestamente" con la atribución "con carácter preferente" de los aparcamientos interiores del edificio. A renglón seguido, Espinosa añade que como el gran aparcamiento anexo al sol está custodiado por vigilantes de seguridad y por la zona "siempre hay miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", "el riesgo que corren desde el aparcamiento al edificio no es mayor que el que soporta en sus actividades privadas".

Este añadido ha supuesto un pequeño revés para los jueces. "Es un informe comodín que sirve para apoyar cualquier decisión que se quiera tomar", afirman. La decisión está ahora en manos de la Junta de Andalucía, que hasta ahora ha apoyado la doctrina de los funcionarios.

El pasado 1 de febrero, los representantes de los jueces se reunieron con la delegada de la Consejería de Justicia en Málaga, Aurora Santos, que les recordó que el criterio de la Junta es que los aparcamientos sean "para todos". Según fuentes judiciales, los representantes de la consejería han dado pistas a los jueces sobre cómo conseguir su objetivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya se había pronunciado a favor del estacionamiento restringido. Si los jueces de Málaga obtenían el mismo pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial, la delegada entendía que el Ministerio del Interior se vería poco menos que obligado a realizar un informe recomendando el uso del aparcamiento sólo para las autoridades.

En cualquier caso, según fuentes sindicales, la Consejería de Justicia no ha adoptado ninguna decisión nueva sobre el aparcamiento, que continúa de uso compartido, como en la antigua sede judicial del Palacio de Miramar. La junta de personal, que representa a los funcionarios de justicia, rechaza también los argumentos de los jueces: "La seguridad no debe utilizarse como bandera para justificar lo que no son más que privilegios". Un funcionario argumenta: "Si un terrorista sabe que en el aparcamiento subterráneo sólo hay jueces y fiscales, los va a identificar mucho más fácilmente que si se camuflan entre el resto de los coches".