La juez dicta que el fraude electoral en Argelita no llegó a consumarse

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Nules ha decretado el archivo provisional del caso del censo de Argelita por empadronamientos irregulares. Tras más de un año de instrucción, la juez entiende que no se consumó el delito, ya que la oficina del censo electoral no registró un aumento en la población con derecho a voto. El aumento en el censo electoral no llegó a consumarse ya que el entonces alcalde, el socialista José Ibáñez, interrumpió los procesos de empadronamiento en el momento en el que detectó el posible fraude electoral. El PSPV ya ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa ante el mismo juzgado y ante la Audiencia Provincial, porque, en su opinión, el delito se produjo "en grado de tentativa".

La denuncia se remonta a febrero del año pasado, tres meses antes de las elecciones municipales de mayo de 2007, cuando el alcalde de la localidad detectó un intento de empadronamiento masivo de hasta 31 personas en un municipio de apenas 100 habitantes, después de que los concejales del PP reclamaran solicitudes de altas en el padrón que, posteriormente, fueron remitidas por correo. Algunos de los domicilios reseñados como residencia de los nuevos vecinos coincidían con los de los propios concejales. Sin embargo, la documentación que habían de presentar para tramitar las altas en el padrón estaba incompleta, ya que faltaba por especificar el municipio en el que causaban baja. Así, el alcalde bloqueó los empadronamientos y los socialistas interpusieron la denuncia ante el juzgado, en la que acusaban a dos concejales y los siete propietarios de las viviendas en las que se pretendían registrar los empadronados de un presunto delito de fraude electoral.

Tras el archivo del caso, siguen pendientes otros similares en Cabanes, Fanzara, Vall d'Alba, Santa Magdalena de Pulpis y Sant Jordi.Entre los acusados por el caso de los presuntos empadronamientos irregulares en Argelita se encontraban dos concejales del PP de la localidad, además de un ex concejal popular, también antiguo edil de Castellón, "así como varias personas afines con este partido", tal como expresó el ahora ex alcalde.

Cuando el caso comenzó a conocerse y surgió la polémica, una de las concejales del PP, Avelina Chiva, admitió que la operación no había sido iniciativa del PP local, sino que habían recibido instrucciones "de los que mandan". Sin embargo, la dirección del PP, que preside Carlos Fabra en la provincia de Castellón, no dio ninguna explicación. Avelina Chiva dijo que las altas en el padrón eran práctica habitual en otros pueblos y llegó a reconocer que la intención no era otra que repercutir en los resultados de las entonces cercanas elecciones locales. En éstas, el PP ganó por 11 votos de diferencia al PSPV.

Durante la tramitación de las diligencias, la juez llamó a declarar a las 31 personas que habían intentado empadronarse en Argelita, para interrogarlas como testigos. Sin embargo, el PP reclamó que acudieran al juzgado como imputados por el mismo presunto delito ya que la participación de éstos para el supuesto intento de fraude fue fundamental porque facilitaron su documentación y datos personales. Cuando la juez así lo admitió, se negaron a responder a las preguntas del interrogatorio, derecho al que no habrían podido acogerse como testigos.

Ahora, la juez ha decidido archivar el caso, de forma provisional, porque no se ejecutó el incremento del censo. Por ello, los socialistas pedirán que se valore el intento de llevar a cabo el fraude.

Éste no es el único caso de supuestos fraudes electorales que se encuentra en el juzgado. El PSPV presentó denuncia también por los censos de Fanzara -donde el PP ganó por 13 votos-, Vall d'Alba, Santa Magdalena de Pulpis y Sant Jordi, mientras que EU lo hizo en Cabanes. En todos ellos se llevó a cabo el empadronamiento ya que, aunque fue denunciado antes de las elecciones, sus respectivos alcaldes, todos ellos del PP, no paralizaron el proceso y los "nuevos vecinos" pudieron ejercer su derecho a votar en sus nuevos domicilios. Y todo ello a pesar de las sospechas que llevaron al Instituto Nacional de Estadística a enviar requerimientos para que certificaran que habían comprobado que las altas en el censo se correspondían con la realidad.