El Tribunal Supremo rechaza que el plan de El Cabanyal sea un expolio

Conocido el fallo el pasado marzo, faltaba la argumentación jurídica. El Tribunal Supremo hizo pública ayer la sentencia que permitirá al Ayuntamiento de Valencia partir en dos el barrio de El Cabanyal para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza el recurso de la plataforma Salvem El Cabanyal, que ha llevado el peso de la lucha de una década contra un proyecto que prevé el derribo de 450 edificios, en parte protegidos, y acabará con la singular trama de este barrio marinero de Valencia.

El alto tribunal desestima los 11 motivos alegados por la plataforma contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que en otoño de 2004 avaló la actuación de la Generalitat y del Consistorio. Los magistrados niegan que el plan implique un expolio del patrimonio histórico, lo que hubiera afectado a la competencia estatal de protección de bienes culturales. La sentencia destaca que "no hay constancia de que haya habido denuncia ni procedimiento administrativo sobre una posible expoliación, ni, por tanto, un pronunciamiento de la Administración estatal acerca de esta cuestión". En el mismo contexto, el Supremo indica que el plan "ha sido objeto de una tramitación compleja y en cuya formulación y aprobación han intervenido las administraciones local y autonómica, en el ejercicio de sus respectivas competencias". El resultado es un plan especial de protección "cuyas determinaciones, se compartan o no", el tribunal considera que "no pueden ser tachadas de irracionales o arbitrarias" ni incardinarse en el alegato de expolio al patrimonio. El plan atraviesa una zona declarada por la Generalitat Bien de Interés Cultural (BIC).Sobre el BIC, el Supremo afirma que es anterior al plan, que es el que concreta el catálogo de inmuebles a proteger establecido por el Consistorio del PP. Éste excluye, por ejemplo, la Llotja dels Pescadors. La sentencia también rechaza que el TSJ valenciano se basara en informes profesionales inadecuados, o que ignorara pruebas contra el plan. El Supremo acepta que se consideraran "prevalentes" los estudios técnicos de las administraciones y estima que el TSJ emitió una "valoración razonada" de los datos. El tribunal valenciano apoyó por mayoría de once magistrados frente a ocho la valoración municipal del proyecto, que sostiene que mejorará el barrio y será "respetuoso" con la identidad del conjunto que dividirá en dos.

Tras rechazar los motivos del recurso, el Supremo impone a Salvem El Cabanyal el pago de costas, por un montante total de 6.000 euros, al Ayuntamiento y la Generalitat. En términos similares, el alto tribunal desestima un segundo recurso contra el plan presentado por la asociación vecinal Pavimar. Sólo queda pendiente el de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que se resolverá en el mismo sentido.

La alcaldesa, Rita Barberá, destacó que actúa "de acuerdo con la ley", e insistió en que quiere comenzar "inmediatamente" con el desarrollo del proyecto.

Los vecinos de El Cabanyal, mientras tanto, se preparan para afrontar las expropiaciones. "La sentencia es injusta", adelantó ayer su portavoz, Faustino Villora, quien apuntó hacia los intereses políticos que rodean el asunto. Los afectados "acatarán" el fallo, pero se convertirán en un grupo de ayuda mutua para que "ningún vecino" se vea desamparado en la expropiación y pueda afrontarlo "con garantías". La organización vigilará el cumplimiento "escrupuloso" de la ley en el proceso y la próxima semana celebrará una asamblea para reorganizarse con este objetivo y el de mantener "la lucha contra la injusticia social" en el barrio.