El fiscal pide tres años de prisión para el juez Urquía

El juez de Marbella Francisco Javier Urquía merece, según el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, una pena de tres años de prisión, 17 de inhabilitación para el ejercicio de su cargo público, y dos más de suspensión por los delitos de cohecho, prevaricación judicial y asesoramiento accidental o negociación prohibida a los funcionarios. En opinión del fiscal, el juez adaptó en dos ocasiones su actuación profesional a los intereses de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella desarticulada en la Operación Malaya, y le asesoró para guiar sus pleitos jurídicos a cambio de 73.800 euros.

Urquía hizo, según el fiscal, malabarismos en dos ocasiones para favorecer sendas denuncias de Roca. En una, el gerente de Urbanismo marbellí presentó una denuncia contra un programa televisivo por un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, que Urquía, por su cuenta, tradujo en injurias y calumnias al abrir diligencias. Las anuló el 15 de marzo de 2006 tras omitir exigencias mínimas procesales.

Roca, en conversación telefónica grabada ese mismo día, pidió ayuda a Arnaud Fabrice lbouhair, un amigo del juez. Éste no sólo le trasladó los consejos procesales de Urquía, sino que se lo puso al aparato y Urquía le explicó directamente a Roca cuántas actuaciones procesales tenía que desarrollar. Roca aseguró que lo haría al día siguiente sin falta, mientras que el juez le garantizó que el programa de televisión no saldría. En efecto, el 16 de marzo, Roca presentó querella y Urquía, violando el reparto, se la apropió.