El fiscal investiga por coacciones a líderes vecinales de Monte Porreiro

El presidente de la asociación de vecinos O Mirador de Monte Porreiro, Ángel Mario Lago, y José Manuel Dopazo, vocal del colectivo, prestaron ayer declaración ante el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, por un presunto delito contra los derechos fundamentales, otro continuado de coacciones y otro de amenazas.

Se trata del primer paso que da la fiscalía en relación con el conflicto social generado por los realojos de familias gitanas, que en Galicia afecta a Pontevedra, Ponte Caldelas y A Coruña.

Los imputados se justifican porque en O Vao hay "venta de drogas y robos"

Los dos dirigentes vecinales comparecieron en calidad de imputados "inicialmente por los hechos que se derivan de la realización de ciertas actividades" informadas por Sinaí Giménez, en representación de la asociación Pueblo Gitano, según concretó Aladro. El colectivo calé puso en conocimiento de Fiscalía que las tres familias realojadas en la capital, procedentes de O Vao (Poio), "tuvieron que abandonar sus viviendas bajo la amenaza y el miedo", y por el temor "a represalias". "No es normal que a las dos de la mañana golpeen tu casa y te encuentres con el coche destrozado", señaló.

Las comparecencias, que se realizaron por separado y a lo largo de 90 minutos, se enmarcan en las diligencias informativas abiertas por Fiscalía, cuyo interés ayer se centró en conocer el grado de involucración de ambos dirigentes vecinales en las movilizaciones frente a las viviendas de la calle Alemania. El fiscal también investiga unas declaraciones de Lago en las que afirmaba que los realojados se marcharían "por las buenas o por las malas".

Lago y Dopazo apuntaron que "estas familias se han identificado en todo caso con el poblado de O Vao, donde es público y notorio que se realiza tráfico de drogas y venta de objetos robados". En este sentido, informaron al fiscal jefe de que disponían además de un informe de prensa "en el que aparecían miembros de estas familias relacionados con distintas intervenciones de las fuerzas del orden, y por eso se relacionaban con ese tipo de delitos". Ambos explicaron que las movilizaciones desarrolladas por la asociación de vecinos "siempre fueron ante las administraciones públicas y nunca contra las familias en concreto".

Por su parte, Sinaí Giménez aportó ayer nuevos datos "sobre lo que ocurrió en los últimos tiempos en Monte Porreiro", e informó al fiscal jefe "de lo que está pasando en Caritel", donde crece en intensidad el rechazo a las dos familias realojadas. Esa ramificación del conflicto extendido desde Pontevedra a Ponte Caldelas inquieta a la directiva de Pueblo Gitano. "Lo que queremos es que esto no sirva de ejemplo para A Coruña", señaló. Aladro no descarta que la denuncia "se amplíe a más personas", si bien el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, no se encuentra "de momento" entre ellas.

Vecinos del barrio coruñés de Novo Mesoiro, mientras, realizaron ayer una nueva acción de protesta contra lo que consideran amenaza de que realojen en su zona a personas que actualmente viven en el poblado de chabolas de Penamoa, informa X. M. Pereiro. Unos 200 vecinos cortaron a última hora de la tarde el tráfico en el principal acceso a la ciudad, la avenida de Lavedra, durante media hora. Un conductor que se vio atrapado por la protesta golpeó con su vehículo a un manifestante, que sufrió heridas leves. El agresor fue detenido por agentes de la policía local.

El corte de tráfico estaba anunciado y convocado por residentes de Novo Mesoiro, sin el apoyo explícito de los responsables de la asociación de vecinos. Hacia las ocho de la tarde, algunos de los congregados aprovecharon que a esas horas la densidad del tráfico hace muy lenta la circulación e invadieron la calzada, a la altura del desvío para los polígonos industriales y los centros comerciales.