La otra cara de la dependencia

En un lado, las familias y los enfermos dependientes. En el otro, los trabajadores que cuidan a esas personas. Y, entre ellos, dos nuevas leyes en curso: una estatal, la Ley de la Dependencia, y una catalana, la Ley de Servicios Sociales.

Las leyes y una población envejecida están modificando una radiografía del sector de la dependencia. En Cataluña trabajan cerca de 30.000 personas en servicios a personas dependientes en residencias, centros de día y noche, pisos tutelados y servicios de ayuda a domicilio. El sindicato UGT calcula que en los próximos cuatro años serán necesarios 10.000 profesionales más que ahora no existen.

Los sindicatos han realizado en las últimas semanas diversas protestas para reclamar un sueldo "digno". Un auxiliar de un centro de día o de una residencia cobra al mes 820 euros brutos. Además, las centrales exigen un convenio catalán que permita mejorar las condiciones laborales. En la actualidad, patronales y sindicatos están negociando este convenio y pese a que difieren en muchos puntos sí coinciden en que es urgente establecer una formación reglada.

"El problema es que se trata de una profesión que no resulta atractiva, pero que necesita trabajadores. La inmigración cubre una parte, pero los inmigrantes no son tontos, duran seis meses y se van", asegura Sergio Martínez, del sector de la dependencia de UGT, quien reconoce que la Administración ha aumentado en los últimos tres años un 25% las tarifas a las empresas. "La Administración necesita camas y las camas dependen de estas empresas", añade.

Una de las patronales del sector que está negociando el convenio es ACRA (Asociación Catalana de Recursos Asistenciales). Agrupa a más de 500 entidades. Montse Llopis, gerente de ACRA, defiende la negociación y cree precipitada la huelga que UGT convocó hace unas semanas. ACRA ha promovido que viajen a España en dos años más de 200 médicos, enfermeras y auxiliares de geriatría colombianos con contrato de un año. Llopis asegura que es un momento de cambio con dos leyes en desarrollo y "menos dinero del que pensamos que habría".

Carga física y emocional

"Entendemos que un convenio autonómico reflejaría la realidad socioeconómica de Cataluña que nada tiene que ver con el resto de España", asegura Luisa Montes, miembro de Comisiones Obreras. Los sindicatos coinciden en que hay serias dificultades para encontrar empleados para una tarea con una fuerte carga física y emocional. "La ley es muy bonita, pero habrá más dependientes que trabajadores" lamenta Martínez, de UGT.

Xavier Gibert es responsable de recursos humanos de la Unión Catalana de Hospitales: "Éste es un sector complicado, donde los servicios todavía se los costean mayoritariamente las personas con sus propios recursos". Sólo el 30% de las plazas residenciales son concertadas. Gibert considera que el problema es que la pretensión de los trabajadores va más allá de las posibilidades de las empresas.

Convergència i Unió subraya un "efecto en cadena" que hace que los jóvenes no quieran trabajar en las residencias. El diputado Josep Lluís Cleries denuncia, además, que la Generalitat no ha firmado todavía el acuerdo de precios de 2008 para las residencias concertadas y colaboradoras. El Departamento de Acción Social aseguró que el acuerdo se firmará en breve.