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Editorial:

Al final de Gescartera

La sentencia impone condenas rigurosas, pero no aclara el papel de la CNMV en el fraude

La sentencia del caso Gescartera es el punto y final para un caso de fraude financiero espectacular, pero deja el poso insatisfactorio de las historias incompletas. Es verdad que las penas impuestas a los principales imputados pueden ser calificadas de ejemplares. El dueño de la agencia de valores Gescartera, y principal responsable de la trama que estafó más de 88 millones de euros a los depositantes, ha sido condenado a 11 años de prisión por delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental, y el resto de los acusados, entre los que figura la presidenta de la sociedad Pilar Giménez-Reyna, hermana del a la sazón secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, con penas que van desde los 10 años y medio a los 3 años de reclusión. La sentencia incluye además una reparación práctica a los estafados: Caja Madrid y La Caixa, entidades que coadyuvaron "al mantenimiento de la irregular operativa", son responsables subsidiarias y tendrán que pagar a los depositantes el dinero que han perdido.

La inclusión de Caja Madrid y La Caixa como responsables subsidiarios debe entenderse sobre todo como una advertencia para que en el futuro las entidades financieras se esmeren en vigilar las cuentas que acogen y que, sin el debido control, pueden ser simples vehículos de evasión. A partir de la sentencia de Gescartera resultará más difícil que bancos y cajas aleguen desconocimiento para mantenerse al margen de los casos de irregularidades financieras. Harían bien estas entidades en elaborar protocolos rigurosos que, al menos, eviten las cuentas opacas y obstaculicen la falsificación de documentos que permitieron a Gescartera engañar a la CNMV con fondos que no existían.

Sigue sin resolverse satisfactoriamente el problema de la restitución. Los acusados cumplirán sus condenas, con toda probabilidad se beneficiarán de importantes reducciones de pena, pero ni se sabe dónde están los bienes desfalcados ni los condenados han mostrado intención alguna de restituirlos. Reaparece pues la cuestión de si los condenados por fraudes o estafas de especial relevancia, como es el caso, deberían cumplir íntegramente sus penas mientras no aporten la prueba definitiva de su arrepentimiento, que es la devolución de lo estafado.

Pero la sensación de historia incompleta nace sobre todo de que el fraude de Gescartera pudo perpetrarse gracias, en el mejor de los casos, a la incompetencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o, en el peor, a la sospechosa tolerancia que mostraron los altos cargos de la Comisión, nombrados por el Gobierno del PP, hacia las dudosas cuentas de Gescartera. En la comisión parlamentaria erigida para investigar el caso nunca se pudieron aclarar las relaciones de los ahora condenados por fraude con los altos cargos del Gobierno y de la propia CNMV. Ésa es la conexión política que falta para cerrar el caso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de marzo de 2008