El CVC insiste en que la plaza principal de Valencia se llame Jaume I
El Consell Valencià de Cultura (CVC) aprobó ayer un informe en el que propone al Ayuntamiento de Valencia que "estudie la posibilidad de reconocer, en el catálogo de calles de la ciudad, tal y como su trascendencia histórica avala, el nombre del rey Jaume I" y sugiere que dicho reconocimiento "podría concretarse en la denominación de la principal plaza de la ciudad, la del Ayuntamiento". La institución consultiva reabre así un viejo debate que se había diluido en los últimos años, tras décadas de virulentas diatribas: el del nombre de la plaza más importante de la ciudad de Valencia.
Pero, lejos de entrar en polémicas, el CVC propone una solución "de consenso", como dijo durante el pleno el jurista Vicent Álvarez, con el objetivo de que la ciudadanía participe en un tema que, normalmente, sólo tiene cabida en las reuniones del Consistorio municipal. Por ello, el máximo órgano consultivo en materia cultural ni recomienda ni propone, sino que ofrece su colaboración para que "la figura de Jaume I tenga la relevancia que se merece dentro de la toponimia de la ciudad de Valencia", en palabras del secretario del Consell, Jesús Huguet. Hasta el momento, la única referencia al "primer monarca que da unidad política, social y cultural a nuestro territorio" en el callejero de la ciudad es una pequeña travesía entre las calles de Quart y del Moro Zeit.
La iniciativa del Consell Valencià de Cultura llega 21 años después de que la plaza que marca el centro de la ciudad, el lugar desde donde comienza la numeración de todas las calles de Valencia, pasara a denominarse Plaza del Ayuntamiento, "un nombre genérico y anodino", según la valoración de la pintora Elena Negueroles en el pleno celebrado ayer. Dicha nomenclatura fue adoptada tras una cruenta batalla dialéctica, iniciada cuando el Consistorio decidió cambiar el nombre de Plaza del Caudillo, que prevaleció durante la dictadura franquista, por el de Plaza del País Valenciano. Ahora, el Consell de Cultura busca una denominación que no esté sujeta a los avatares políticos y cree necesario "someter esta propuesta a la consideración de entidades consultivas y cívicas sin perjuicio de los trámites y debates institucionales". Y eso incluye el estudio de ayudas económicas en el caso de que el cambio "conllevara algún gasto añadido".
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