Una sentencia obliga a cortar el acceso a un puerto ilegal de Vigo

El puerto deportivo A Lagoa, en Teis (Vigo), promovido por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se construyó sin licencias de ningún tipo y entre órdenes de derribo. Una sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) acaba de añadir otra irregularidad, al reconocer que utiliza como carretera de acceso un cortafuegos municipal.

La utilización de este paso por los usuarios del puerto tiene paralizada una inversión de 3 millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente para la construcción del paseo marítimo de Teis, cuyo trazado coincide con el del cortafuegos.

La ocupación del cortafuegos paraliza el paseo marítimo de A Guía

La sentencia hace referencia a un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vigo, adoptado por unanimidad el 31 de enero de 2005, que obligaba al gobierno local a prohibir el acceso rodado por el cortafuegos, una medida que la entonces alcaldesa Corina Porro, del PP, sólo hizo efectiva durante unas pocas semanas. Los promotores de la marina ilegal, que cuenta con 355 plazas de amarre, recurrieron igualmente, para perder en primera instancia y ahora ante el alto tribunal gallego.

El recurso de A Lagoa había sido rechazado inicialmente por el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Vigo. El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia asume los razonamientos jurídicos de la anterior sentencia, que justificaron el rechazo del recurso por su extemporaneidad. El primer fallo también rechazó la reivindicación que hizo la promotora del puerto deportivo de una servidumbre de paso a su favor.

Camiones de gran tonelaje y turismos siguen utilizando el ancho camino municipal para entrar y salir de la marina. El único acceso legal por tierra es un vial angosto por el que no pudo circular el tráfico pesado que permitió la construcción del puerto deportivo, inaugurado en 2005, como tampoco los tráileres con los yates que están a la venta en una de las naves del puerto deportivo. Como alternativa, los promotores utilizaron el cortafuegos.

La marina, ubicada en A Guía, cuenta con una doble oposición vecinal, ya que a las críticas a las irregularidades y al impacto ambiental del proyecto se suma la denuncia del bloqueo de un paseo marítimo, que debía pasar precisamente por el cortafuegos. El Ministerio de Medio Ambiente consignó por primera vez en 2003 una partida de 3 millones de euros para el paseo marítimo de A Guía, que no ejecuta porque el Ayuntamiento no pone a su disposición los terrenos que la empresa, Astilleros y Construcción Lagoa -de la que Fernández de Sousa es presidente-, utiliza como carretera de acceso.

Los promotores de la marina contaron con autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo, entonces presidida por Julio Pedrosa, del PP, para la ocupación de una lámina de agua. Pero las instalaciones carecen de permisos para las obras en tierra, que consistieron entre otras en la ampliación de una nave para almacenamiento de barcos y la construcción de otra totalmente nueva. El Ayuntamiento de Vigo decretó sendas órdenes de derribo que Fernández de Sousa nunca ejecutó.

Además de estas dos grandes naves, con sentencias judiciales que avalan la demolición, en la zona de relleno también se levantó lo que debía ser una caseta desmontable de 30 metros cuadrados para una taberna. En lugar de ello, la promotora levantó una construcción cinco veces superior a la autorizada, en la que funciona un restaurante de lujo y que carece de la posibilidad de ser desmontada. El gobierno local de Vigo aprobó una resolución de derribo, pero tampoco en este caso ha llegado a ser ejecutada.

Un contencioso administrativo de la promotora paralizó la denuncia que había formulado la fiscalía, que imputaba a la empresa un delito de ordenación del territorio. El escrito del fiscal, del 5 de septiembre de 2005, revela la construcción de naves "de grandes dimensiones" con baños y servicios "con emisión directa al mar, sin emisarios ni depuración alguna".