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La juez confirma otro proceso contra el ex director de Sondika

Aprecia indicios de un delito de alzamiento de bienes

La juez que investiga un delito de alzamiento de bienes del ex director del aeropuerto de Sondika Segismundo López-Santacruz (la tercera causa judicial en que está inmerso) ha confirmado su procesamiento por los "indicios fácticos" de la comisión de dicho delito. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Getxo, Teresa Rubio, ha rechazado el recurso del imputado. La fiscalía, que ha pedido que declare como imputado uno de los hijos del ex director, debe formular ahora su acusación.

Desde hace dos años y medio están abiertas estas diligencias, derivadas de la causa principal que ya supuso la condena en junio pasado de López-Santacruz a nueve años de cárcel por cinco delitos, entre ellos malversación y cohecho, cometidos durante su gestión al frente del aeropuerto vizcaíno entre 1997 y 2001. El fallo ya fue confirmado por el Tribunal Superior. Queda pendiente la decisión final del Tribunal Supremo sobre el recurso de su defensa.

En esta causa, se le exigió una fianza de 481.000 euros tras considerar que había indicios suficientes de anomalías en su gestión, pero el ex director no la pagó y vendió un piso en Getxo por 1,3 millones de euros. Tres días después, fue escriturado a nombre de uno de sus hijos un chalé en Bormujos (Sevilla), donde ahora reside el imputado.

"Se desprenden indicios fácticos y no meras conjeturas (...) de la comisión de un delito de alzamiento de bienes", señala la magistrada en un auto del pasado 10 de marzo. Rechaza así el recurso de la defensa de López-Santacruz, que pretende, según señala, "evitar la celebración de juicio".

La juez ha recibido ya el informe que pidió a la Ertzaintza sobre el patrimonio de la familia de López-Santacruz, en el que figuran una vivienda en Madrid a nombre de su esposa Laura Hernández, también imputada; una plaza de garaje y un trastero en Rota (Cádiz), igualmente a nombre de Hernández, y el chalé de Bormujos, cuyo titular es Manuel López-Santacruz Hernández, sobre el que pesa una hipoteca otorgada en abril de 2006 por 540.000 euros.

En la otra causa abierta, la falsificación del documento de compraventa de un piso en Pamplona, AENA, el ente gestor de los aeropuertos, que ejerce la acusación particular, ha pedido dos años y seis meses de prisión para López-Santacruz y su esposa. AENA no acepta así el acuerdo extrajudicial ofrecido por el imputado, quien planteó admitir el delito a cambio de que la condena no suponga la prisión y se limite a una multa, además de exculpar a Hernández.

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