Justicia prepara una reforma para el cese automático del Consejo del Poder Judicial
Los vocales del órgano de gobierno de los jueces serán relevados por una comisión permanente si los partidos no logran pactar la renovación en un plazo determinado
El Ministerio de Justicia prepara una reforma legal de urgencia que intenta evitar con una medida drástica el bloqueo que sufre desde hace 15 meses el Consejo General del Poder Judicial como consecuencia de la negativa del PP durante todo este tiempo a facilitar su renovación.
El proyecto de ley que redacta Justicia, "prioritario", según el ministerio, es uno de los compromisos con los que José Luis Rodríguez Zapatero alimentó el programa con el que revalidó su cargo el 9 de marzo. Los socialistas pretenden que la reforma impida que, como consecuencia de la mayoría cualificada que requiere la renovación, un grupo parlamentario pueda mantener en funciones al gobierno de los jueces por tiempo indefinido, como ha ocurrido durante los últimos 15 meses en los que el PP ha vetado cualquier acuerdo que dejase al sector conservador en minoría.
El actual Consejo lleva 15 meses en funciones por la negativa del PP a la renovación
El nuevo texto legal que proyecta Justicia obligaría al cese automático de todos los vocales si en un tiempo determinado después de agotado su mandato los partidos no acordasen su renovación. Si la reforma se aprobase en los primeros meses de la nueva legislatura, como pretende el Gobierno socialista, los 18 vocales que hoy configuran el Consejo -hay tres bajas que nunca se cubrieron en la pasada legislatura- deberían cesar en sus puestos.
Para evitar un vacío de poder en el gobierno de los jueces, que nombra altos cargos de los tribunales de justicia, aplica sanciones a los jueces que vulneran las leyes y elabora informes sobre proyectos de ley del Gobierno, la reforma prevé el funcionamiento de una comisión permanente con un número de vocales muy reducido (en torno a cinco).
El PSOE prometió durante la campaña electoral "acabar con el bloqueo y el intento de manipulación del Poder Judicial", mediante "las reformas necesarias para garantizar que el Consejo General del Poder Judicial desempeñe el papel y las competencias que le corresponden constitucionalmente". La reforma que defiende el PSOE "establecería un plazo máximo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial produciéndose el cese automático" de los vocales si en ese tiempo no se ha producido el cambio establecido por Ley.
El actual Consejo General del Poder Judicial nació hace seis años y tres meses con una mayoría netamente conservadora -10 de los 20 vocales habían sido elegidos a propuesta del PP, al igual que el presidente del organismo que lo es también del Tribunal Supremo- que reflejaba fielmente el reparto de poder en el Congreso de los Diputados, donde los populares tenían mayoría absoluta. El sistema de elección de los vocales del Poder Judicial fue acordado por el PSOE y el PP en el Pacto de Estado de la Justicia y consistía básicamente en que, por un lado, las asociaciones de jueces hacían una selección previa para que, posteriormente, el Congreso eligiera a los candidatos teniendo en cuenta la proporcionalidad política en la Cámara.
Tras perder las elecciones generales de 2004, el PP se ha negado a acordar la renovación del Consejo cuando tocaba, hace 15 meses, con lo que el organismo ha seguido con una dirección de marcado carácter conservador que ha impuesto informes muy críticos al trabajo legislativo del Gobierno y una política disciplinaria predispuesta a sancionar a aquellos jueces más criticados por el PP.
Así, el Consejo General del Poder Judicial, con algún vocal conservador como principal impulsor de las distintas embestidas, ha intentado, sin éxito, sancionar en los últimos tiempos a jueces como Baltasar Garzón, Javier Gómez Bermúdez o Juan del Olmo, cuyas resoluciones judiciales han sido censuradas y cuestionadas por el PP.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, ha llegado incluso a abrir expediente hace dos semanas a unos jueces que firmaron un manifiesto rechazando una reforma de la Ley del Menor como la que el PP incluyó entre las promesas recogidas en su programa electoral.
La reforma legal que prepara el PSOE quedaría sin validez para el nuevo mandato si, antes de su entrada en vigor, los grupos parlamentarios lograran el acuerdo que no ha sido posible en los últimos 15 meses y renovasen el Consejo General del Poder Judicial.
En la pasada legislatura, el PSOE (164 diputados) había ofrecido al PP (148 diputados) un reparto donde los dos grandes partidos tuvieran el mismo número de vocales (ocho) y los cuatro restantes se repartieran entre los demás grupos parlamentarios. El PP rechazó desde el principio este acuerdo reivindicando para sí nueve miembros en el Consejo, una cifra clave para bloquear el nombramiento de nuevos magistrados del Supremo.
Ahora, con la nueva legislatura, arranca una negociación donde el PP puede volver a reivindicar los nueve vocales argumentando que su peso en el Congreso ha aumentado con siete diputados más. También el PSOE ha crecido en número de escaños con lo que el reparto de los 20 vocales del Poder Judicial podría asignar nueve miembros a los dos partidos principales y los dos puestos restantes asignarlos entre los grupos parlamentarios. Miembros del Gobierno socialista aseguraron ayer a este periódico que no se ha establecido aún contacto alguno para la negociación del futuro Consejo del Poder Judicial.
Cambios en el Constitucional
El Tribunal Constitucional también vive tiempos de provisionalidad aunque en esta situación sólo lleve tres meses, que es el tiempo que ha pasado desde que concluyera el mandato de cuatro de los 12 magistrados que integran este organismo. Esos cuatro magistrados tenían que haber cesado en diciembre y, en su lugar, el Senado debería haber nombrado a los sucesores. Pero el nombramiento del Senado se ha complicado porque la nueva ley del Tribunal Constitucional establece que para su elección, la Cámara alta debe examinar las propuestas que hagan los 17 parlamentos autónomos (dos candidatos por cada uno de ellos).En la pasada legislatura, esos parlamentos pidieron en muchos casos una prórroga del plazo dado por el Senado para que enviaran sus propuestas. El Senado suele elegir a los cuatro candidatos teniendo en cuenta el peso de cada grupo parlamentario en número de escaños. Así las cosas, la próxima renovación debería asignar dos puestos a los candidatos del PP y otros dos a los del PSOE más los grupos parlamentarios que le apoyan. Con ese reparto, el Constitucional pasaría a tener mayoría progresista (ahora hay un empate a seis) pues tres de los cuatro magistrados que tienen que ser sustituidos fueron elegidos a propuesta del PP.En el horizonte de esta renovación puede estar el futuro del Estatuto catalán. El equilibrio de fuerzas dentro del pleno encargado de dirimir si el texto es constitucional o no, es favorable hoy al sector conservador por seis a cinco, dado que uno de los magistrados fue excluido de las deliberaciones tras ser aceptada la recusación que presentó el Partido Popular contra él.
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