Marbella pide aplazar la ejecución de 60 fallos urbanísticos

La escena se ha repetido en 60 ocasiones. El Ayuntamiento de Marbella ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que aplace la ejecución de 60 sentencias que afectan a viviendas ilegales de la ciudad, amparándose en que es mejor esperar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para ver si esas construcciones tienen cabida y no son necesarias las temidas demoliciones.

La Junta apoya la decisión municipal de esperar a que se apruebe el PGOU

Hasta el momento, la postura del Ayuntamiento ha sido secundada por la Junta de Andalucía, administración que denunció las irregularidades y la que solicitó la ejecución de sentencia en muchas de las ocasiones. De hecho, el equipo redactor del PGOU ya propuso regularizar 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por el que los promotores aportan de su bolsillo los terrenos para zonas verdes y equipamientos esquilmadas a sus vecinos en los últimos 15 años.

"La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha aceptado nuestra petición en cuatro ocasiones", declararon ayer a Europa Press fuentes municipales. La situación se ha dado cuando todas las partes implicadas están de acuerdo en dejar en suspenso la sentencia, como en el caso de la nave de materiales de construcción la Juanita, levantada sobre una zona de equipamiento y condenada a ser expropiada.

Los problemas llegan con la entrada en escena de intereses de particulares cuyas casas han perdido vistas o zonas de recreo por las viviendas ilegales.

Entre ellas está la comunidad de propietarios Los Monteros, que reclama la ejecución de una sentencia que implicaría la demolición de parte de la vivienda que el actor Antonio Banderas tiene a pie de playa en Marbella. La licencia de obra, otorgada en 1995, ha sido anulada porque parte de la construcción ocupa una zona destinada a equipamientos.

En este caso, como en el resto, el Ayuntamiento marbellí ha pedido tiempo al TSJA, mientras que la comunidad de propietarios se ha negado a aplazarlo más. "No se puede dejar la ejecución de una sentencia a un plazo indeterminado teniendo en cuenta que ni siquiera se han resuelto las alegaciones que se han realizado en su aprobación inicial", opina la abogada Inmaculada Gálvez, letrada de la comunidad de propietarios, en su escrito. "El Ayuntamiento tendría que haber marcado un plazo máximo para su cumplimiento", añade.

En su lucha para que el Consistorio no dilate más la ejecución, los vecinos de Los Monteros han denunciado ante la Fiscalía al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP). Estos residentes creen que la negativa de la alcaldesa a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo plan urbanístico constituye un delito de prevaricación.

En su denuncia, los vecinos hacían notar que en la delegación de Urbanismo no se había movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolición de una parte del chalé de Banderas

El ministerio público todavía tiene que resolver si acepta otra denuncia similar que Ecologistas en Acción presentó contra el Ayuntamiento en diciembre. En esta ocasión también se acusaba al equipo Muñoz de supuesta prevaricación administrativa al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por las distintas corporaciones del GIL entre julio de 1991 y marzo de 2006.

Los vecinos de Arroyo Guadalpín también batallan por conseguir que se ejecuten los fallos urbanísticos. Desde junio reclaman que se cumpla una sentencia firme que anula la licencia del edificio Jardines del Príncipe porque sobrepasa la edificabilidad. Su lucha comenzó en 1.999 al ver que el edificio les quitaba las vistas.