La caza como excusa

Los cazadores no son una amenaza para el medio ambiente. Como naturalista aficionado siempre he preferido observar a la fauna silvestre a través de unos prismáticos que desde el punto de mira de una escopeta, salir al monte armado únicamente con un lapicero, la guía y el cuaderno de campo en el gabán. Pero nunca he considerado al cazador como un enemigo de la naturaleza.

Muy al contrario, el ejercicio de la caza, si se respetan los periodos de veda previstos por la ley y se ciñe escrupulosamente a la lista de especies cinegéticas, si como ocurre en la mayoría de las ocasiones se lleva a cabo en el interior de un coto privado y respetando las normas de seguridad que marca la legislación, no tiene porque entrar en conflicto con la conservación del medio natural y la biodiversidad que acoge.

Cada año se esparcen entre 3.000 y 5.000 toneladas de plomo, lo que mata a más de 30.000 aves acuáticas

Nunca entenderé que alguien pueda disparar sobre un animal tan bello como la perdiz roja, pero soy consciente de que se trata de una actividad con más de un millón de licencias registradas y cuya práctica genera además importantes beneficios para la muy deteriorada economía rural y de montaña. Por ello, y aunque éticamente me provoque una profunda repulsa, siempre he mantenido una postura respetuosa hacia la figura del cazador, como he demostrado con otros artículos publicados con anterioridad en estas mismas páginas.

El pasado uno de marzo se celebró en Madrid una manifestación que, bajo el lema Por el campo, la caza y la conservación, reunió a miles de cazadores para protestar contra la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Las organizaciones de cazadores que la convocaban criticaban entre otras cosas que se quiera mejorar la gestión pública de los espacios protegidos, la caza de especies migratorias y la prohibición de cazar con plomo en los aguazales.

Al respecto de este último punto hay que señalar que la nueva norma únicamente amplía la prohibición a los humedales incluidos en la Red Natura 2000, por lo que la extensión de la prohibición de uso de munición que contenga plomo afectará sólo al 0,1% más del territorio nacional.

Asimismo, está demostrado que el plomo empleado tradicionalmente como munición de caza es un metal pesado extremadamente tóxico. Es un residuo que una vez vertido de manera incontrolada en forma de millones de balines sobre las aguas de nuestros humedales acaba por disolverse en forma de sales contaminando gravemente todo el ecosistema y afectando al conjunto de la cadena trófica, incluidas las ansiadas presas de los cazadores. Datos oficiales indican que cada año se esparcen entre 3.000 y 5.000 toneladas de plomo, lo cual causa la muerte directa de entre 30.000 y 50.000 aves acuáticas.

La nueva normativa no persigue en absoluto la expropiación de cotos privados ni supone ninguna modificación respecto a los requisitos legales que establecen la Unión Europea y el ordenamiento jurídico español para la protección de los ecosistemas y la diversidad biológica española. Tampoco prohíbe ninguna modalidad cinegética más allá de lo que establecen las directivas europeas de obligado cumplimiento para España.

Por todo ello, las organizaciones Amigos de la Tierra, SEO / Birdlife y WWF / Adena, así como los sindicatos CC OO y UGT, todas ellas presentes, junto a muchas de las convocantes de la manifestación, en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, no dudaron en denunciar la manifestación de "politizada", mostrando su total apoyo a una normativa cuyo único objetivo es garantizar el ejercicio de todas las actividades que se realizan en el entorno, incluida la caza, y preservar los valores de nuestro patrimonio natural.

La utilización de la caza como excusa para montar una manifestación a una semana vista de una convocatoria electoral pasará a encabezar la historia del disparate nacional. La caza ni está ahora perseguida en España ni lo ha estado nunca. El colmo de la sinrazón es que quienes intentan preservar el paisaje y sus faunas -es decir, lo que constituye la razón de ser de la actividad cinegética- estén recibiendo no ya el desdén, sino la afrenta de los cazadores.

La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad es una normativa ejemplar en muchos sentidos, también por el respeto escrupuloso a los derechos de los cazadores. Aquí lo que ocurre es que alguien ha pretendido utilizar la caza como excusa, y a la vista de los resultados se puede afirmar, y nunca mejor traído, que el tiro les ha salido por la culata.

José Luis Gallego es escritor y periodista ambiental.