¿Quién vigila en Semana Santa?

La decisión del Ayuntamiento de Cádiz de contratar vigilantes privados para velar por la seguridad de las procesiones de Semana Santa en algunas zonas ha levantado una polvareda en la ciudad.

El Sindicato de la Policía Local en Cádiz (SPL) ha arremetido contra esta decisión y su portavoz, Francisco Rama, ha anunciado que la va a recurrir. Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno coinciden en defender la legalidad de la medida.

La presencia de seguridad privada en las procesiones gaditanas no es nueva, aunque ésta es la primera vez que el SPL la denuncia. "Hemos esperado a contar con una jurisprudencia de un caso similar para pronunciarnos, aunque siempre hemos estado en contra", explica Rama. Según el portavoz sindical, el Ayuntamiento recurre a estos vigilantes por "interés económico", ya que, según mantiene, "es más barato contratarles a ellos que reforzar la presencia de agentes municipales".

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, del PP, argumenta que la contratación de guardias jurado, encargados de controlar los accesos a los palcos y de permitir o restringir el acceso de personas en el recorrido de la carrera oficial, se ajusta a derecho porque la medida fue aprobada por la junta de seguridad local, donde están representados, además del Ayuntamiento, representantes del Gobierno central y mandos de todos los cuerpos: Policía local y nacional y Guardia Civil.

Un portavoz de la Subdelegación del Gobierno detalló que la contratación de agentes de seguridad privada viene avalada por un decreto firmado por la alcaldesa, que es el que permite que estas zonas de paso de las procesiones dejen de ser considerada públicas provisionalmente, en este caso, durante toda la Semana Santa. Medidas similares, según explicaron las mismas fuentes, se toman en carnavales, cuando los guardias también vigilan acontecimientos especiales como el pregón.

EL SPL ha exigido por carta al subdelegado del Gobierno, Sebastián Saucedo, que impida la contratación de vigilantes privado para funciones que sólo deben corresponder a policías municipales.

En el resto de capitales, Granada también contrata vigilancia privada para la Semana Santa, aunque esta medida no ha satisfecho a todos en las últimas ediciones. Para los responsables de la Federación de Hermandades, las vías no pueden estar otro año bajo el control de la vigilancia privada, ya que el público no suele hacer caso a estos trabajadores.

El Ayuntamiento de Almería contrata seguridad privada para vigilar los graderíos y tribunas que se instalan en la carrera oficial del itinerario de las procesiones. En este caso, el acceso a estas gradas es gratuito desde el año pasado y el Consistorio ha decidido repetir la fórmula. La vigilancia por parte de guardias de seguridad ha sido contratada por equipos de gobierno de todos los colores en los últimos 20 años.

En Jaén y Córdoba, los gobiernos locales no contratan seguridad privada, pero sí las cofradías. Cada una de ellas contrata seguridad para las salidas de las imágenes y controlar los accesos a los templos. Algo parecido ocurre en Málaga, donde desde hace cinco años, la Agrupación de Cofradías contrata con una empresa de seguridad el control de los pasillos en el recorrido oficial. Se limitan a impedir que los viandantes pasen entre las bandas o las formaciones militares o cuando las cofradías están en movimiento. En Huelva, el Ayuntamiento no contrata seguridad privada. En Sevilla sí la hay para acceder a los palcos.

Información elaborada con datos de M. J. López Díaz, G. Donaire, M. J. Albert, M. Planelles, J. Viúdez y F. Valverde.