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Una empresa proyecta un pantano en Ancares con una concesión franquista

La presa, ubicada en Navia, sería la séptima más grande de las 41 de Galicia

El proyecto impulsado durante la dictadura para erigir un pantano en Os Ancares vuelve cuarenta años después. Saltos del Navia, una empresa asturiana propiedad de Endesa e Hidroeléctrica del Cantábrico, ha empezado a tramitar los permisos para construir un embalse y una central hidráulica entre los meandros del río Navia, basándose en una concesión que le fue otorgada por el régimen de Franco en los años 60 y que aún sigue en vigor. La gran presa, que con sus 123 hectómetros de capacidad sería la séptima más grande de las 41 existentes en Galicia, se levantaría en la frontera con Asturias, en un paraje que la Xunta pretende convertir en parque natural.

Si el Gobierno para el embalse, su promotora pedirá una compensación

La filial de Endesa es consciente de que la protección ambiental de Os Ancares hace "difícil" que su plan salga adelante, una consideración con la que coinciden fuentes cercanas a la tramitación. Pero la empresa aspira a que la Administración les "compense". "Si quieren crear un parque natural en Os Ancares tendrán que tener en cuenta los derechos de las entidades que estamos ahí", señala Alberto Rúa-Figueroa, director de Saltos del Navia, aludiendo a la concesión que se les otorgó durante la dictadura. "Si nos dicen que no puede ser, estudiaremos las posibilidades de resarcimiento".

Saltos del Navia esgrime que sus "derechos" en la zona no han cristalizado en un negocio por culpa de los errores cometidos por la Administración. Los ecologistas exigen al Ministerio de Medio Ambiente que anule la concesión franquista, pero fuentes de este departamento alegan que los daños y perjuicios que la compañía podría reclamar serían "inasumibles".

La tramitación del proyecto ante el ministerio ha revivido en la montaña de Lugo una amenaza que se remonta a la dictadura. En 1963 la empresa obtuvo una concesión administrativa para construir un pantano en un área comprendida entre los ayuntamientos gallegos de A Fonsagrada y Navia de Suarna y el asturiano de Ibias. La ejecución de la presa, bautizada como el Gran Suarna, suponía anegar el pueblo de Navia y trasladar forzosamente a todos sus habitantes. La movilización vecinal que encabezó a finales de los 70 el entonces líder del Partido Comunista Galego Xesús Alonso Montero logró, sin embargo, frustrar la entrada de las máquinas y la democracia llegó a Os Ancares con aquel proyecto guardado en un cajón.

Los propietarios de la concesión no cejaron en su empeño. Durante el gobierno de Felipe González la empresa intentó sacar el embalse adelante con un proyecto más pequeño que no sepultaba casas. Los promotores compraron todos los terrenos afectados, pero un error de forma de la Administración volvió a dar al traste con el pantano. Una sentencia del Tribunal Supremo anuló la tramitación del proyecto porque el Gobierno socialista no exigió el preceptivo estudio de impacto ambiental que la empresa sí había elaborado. Aquel fallo confirmó además la validez de la concesión franquista. "El Supremo no nos condenó a nosotros, sino a la Administración. Como administrados hicimos todo lo que debimos y más", defiende Saltos del Navia.

La compañía, que prevé una inversión de 130 millones, ha presentado en la Confederación Hidrográfica del Norte una memoria-resumen del proyecto. El organismo del Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado las consultas ambientales con administraciones y colectivos sociales. Estas alegaciones serán remitidas a Saltos del Navia para que redacte un estudio de impacto ambiental. Será un proceso de varios meses y sólo entonces el ministerio decidirá. "No es demasiado agresivo con bienes personales; afecta a una zona de río muy bonita, pero no a casas", subraya la firma.

Adega advierte de que la presa afecta a especies amenazadas e invade Red Natura y un área declarada Reserva de la Biosfera. "Es una obra delirante", añaden los ecologistas.

Rechazo de los vecinos al parque natural

La filial de Endesa pretende levantar el pantano en una sierra que la Xunta quiere declarar parque natural. Dotar a Os Ancares de este nivel de protección ecológica no será fácil. La Consellería de Medio Ambiente ha prometido que, a diferencia de lo que hacía el anterior Gobierno, la medida se tomará con el acuerdo de los habitantes de la zona, que ya han empezado a movilizarse contra el proyecto.Responsables de Medio Ambiente han celebrado en los últimos cuatro meses 16 reuniones con los vecinos de Cervantes y Navia, los dos ayuntamientos incluidos en el área reservada para el parque natural. Las explicaciones dadas por la consellería no han convencido a los afectados y en Navia más de 600 de los 1.800 empadronados en el municipio han firmado en contra de la medida. Los residentes temen restricciones urbanísticas, que "no les dejen cazar" y que no puedan talar especies autóctonas como roble o castaño.El alcalde de Cervantes, el socialista Benigno Gómez, prevé que en su pueblo también se producirá un "rechazo" al proyecto. "Yo lo apoyo, pero siempre que se haga con el consenso de los vecinos", añade el regidor.El respaldo condicionado a la declaración de parque natural para Os Ancares es la postura elegida por la mayor parte de los políticos de la zona. PSOE, PP y BNG apoyan de antemano fortalecer la protección de la sierra, pero las reticencias mostradas por los vecinos les han llevado a matizar su opinión. "Yo estaré con la gente", advierte Jesús Fernández, portavoz popular en el Ayuntamiento de Navia de Suarna, gobernado por los socialistas. Fernández critica las explicaciones "nada claras" dadas por la consellería a los afectados. "Les dicen que las prohibiciones ya están y que el parque natural sólo traerá dinero, pero la gente no se fía", dice el edil.Medio Ambiente defiende que la declaración de parque natural en Os Ancares, que afectará a 25.000 hectáreas -9.500 en Navia y 15.500 en Cervantes-, traerá riqueza a la zona. La Xunta esgrime que los afectados recibirán ayudas para rehabilitar sus casas y plantar árboles y está dispuesta a fletar autobuses para llevar a los vecinos a conocer la vida en otros parques. La consellería promete negociar hasta llegar a un acuerdo.Adega culpa a los tres partidos del problema. Considera que se comportan de forma "irresponsable" y que transmiten a los vecinos información "muy genérica" sobre una medida que, a su juicio, puede paliar la despoblación de la comarca.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de marzo de 2008

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