La ley sancionará con hasta 600 euros a quienes participen en un botellón

La Xunta pretende erradicar los conflictos que provoca el botellón con una nueva ley que hará pagar una multa de hasta 600 euros a quien beba alcohol en la calle, siempre que sea en días o lugares que no hayan sido autorizados por los ayuntamientos a través de una ordenanza. El anteproyecto, redactado por la Consellería de Sanidade, prohíbe que los menores compren o consuman cualquier tipo de bebida alcohólica, endureciendo así la anterior norma que permitía a los muchachos tomar copas de menos de 18 grados a partir de los 16 años. El incumplimiento de este precepto conllevará sanciones de entre 600 y 10.000 euros. Si un hostelero tiene una máquina expendedora, deberá incorporarle un mecanismo de control.

Cuando la Ley de Drogodependencias e outros Trastornos Aditivos sea aprobada, serán los agentes de la Policía Local o Nacional los encargados de acudir a cualquier concentración callejera de bebedores para multar a los participantes. El subdirector general de Saúde Mental e Drogodependencias, Víctor Pedreira, admite que el texto no fija "mecanismos" para que sus preceptos se respeten, pero la conselleira de Sanidade, María José Rubio, afirma que, pese a ello, se cumplirá y no prevé problemas con los ayuntamientos a la hora de decidir quién da el paso para disolver los botellones.

El anteproyecto presentado ayer prohíbe la venta de alcohol entre las diez de la noche y las nueve de la mañana, siempre que no sea para ser consumido en el propio local. "Es una evidencia, por las experiencias de comunidades como Andalucía y Madrid, que prohibir la venta de alcohol por la noche provoca una diminución notable de los consumos", afirmó Pedreira. Sanidade amplía además la lista de lugares donde no se podrán ofrecer estas bebidas. La ley seca se implantará en estaciones de servicio, centros sanitarios y educativos, empresas de transporte público terrestre y locales de espectáculos y deportes donde participen menores.

Rubio sostiene que su proyecto tiene como objetivo principal "proteger a los menores". La norma, cuya tramitación parlamentaria se prevé para junio, establece que quien no haya cumplido los 18 años no podrá entrar en discotecas ni salas de fiestas si no es en una "sesión especial" con horario diferente y sin que se puedan servir bebidas alcohólicas.

Las restricciones se extienden también a la publicidad. El anteproyecto de ley de drogas prohíbe cualquier anuncio de bebidas alcohólicas en radio y televisión entre las 7 y las 21 horas, siempre que los centros de emisión estén en Galicia. Tampoco se podrán publicitar estos productos en medios de transporte, marquesinas o postes de parada. Las limitaciones son más estrictas para el alcohol destilado, frente al vino, la cerveza o la sidra. La norma prohíbe "cualquier tipo de promoción de bebidas destiladas excepto en lugares específicamente destinados a su venta o lugares de promoción a los que no accedan menores".

La conselleira argumenta que esta diferencia de trato entre bebidas destiladas y fermentadas pretende salvaguardar los intereses de la industria vitivinícola. El subdirector general de Saúde Mental e Drogas apunta otra razón. Según él, los licores son consumidos más por "gente joven en forma de atracón" con el objetivo de llegar a un "estado de intoxicación", un comportamiento, prosigue Víctor Pedreira, que supone "perjuicios adicionales a la salud".

El anteproyecto tipifica sanciones de hasta 600.000 euros y atribuye competencias sancionadoras a los alcaldes en caso de infracciones leves y graves con una cuantía no superior a 6.000 euros. La norma establece que los ingresos que obtenga la administración con estos castigos deberán ser destinados a financiar actividades de prevención y tratamiento de todo tipo de adicciones. Los sancionados por beber alcohol sin tener la edad legal o en lugares prohibidos podrán cambiar las multas por su participación en programas de formación, información o tratatamiento.

El anteproyecto de la ley de drogas, que pretende sustituir al texto vigente de 1996, puede ser consultado durante los próximos 15 días en la web del Sergas (www.sergas.org). En este tiempo, los ciudadanos podrán enviar "sugerencias y alegaciones" a la consellería sobre su contenido. María José Rubio pretende que la norma se aprueba con el "mayor consenso".