Blindaje 'preventivo' en la Cámara vasca

Los grupos que apoyan al Gobierno de Juan José Ibarretxe (PNV, EA y EB) se están pertrechando en el Parlamento vasco para una nueva batalla con el Tribunal Supremo si éste ordena disolver el grupo de la izquierda abertzale, en este caso el que forman los nueve diputados del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), como hizo tras la ilegalización de Batasuna en 2003.

PNV, EA y EB piden que la disolución de un grupo recaiga sobre todo el pleno

La reforma del Reglamento de la Cámara arranca con el apoyo de PCTV

La negativa a cumplir aquella orden ha supuesto, tras diferentes trámites preocesales, la reciente condena e inhabilitación del anterior presidente de la Cámara, el peneuvista Juan María Atutxa, y los representantes en la Mesa de sus socios de EA y Ezker Batua: Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, respectivamente. El texto de esa sentencia todavía no se ha hecho público.

El tripartito se prepara ahora para incumplir la posible orden contra el grupo del PCTV de manera que los jueces no puedan actuar contra los miembros de la Mesa sino, en caso de hacerlo, tengan que dirigir su acción contra la mayoría de los diputados de la Cámara.

"Nos encontramos otra vez con la rueda encima y no puede ser que este Parlamento vuelva a llevar a tres miembros de la Mesa a condenarles por una actuación legítima y democrática", enfatizó el portavoz peneuvista en la Cámara de Vitoria, José Antonio Rubalkaba.

Los grupos del tripartito, los diputados del PCTV y Aralar dieron así ayer el primer paso para blindar a la actual presidenta de la Cámara, la también peneuvista Izaskun Bilbao, frente a la responsabilidad de no obedecer una eventual orden del Supremo. Lo hicieron por la vía de iniciar la tramitación de una reforma reglamentaria que pretende hacer recaer sobre todo el pleno de la Cámara (75 parlamentarios) la competencia para decidir sobre la disolución de grupos y no sólo sobre su Mesa (cinco miembros).

"La disolución, por cualquier causa, de un grupo parlamentario, tendrá que ser acordada por el pleno de la Cámara vasca y por mayoría absoluta de los miembros de la misma", reza la proposición de ley presentada.

El texto salió adelante con el apoyo de 41 votos, gracias precisamente al papel de árbitro del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Sin sus votos, la iniciativa habría decaído por el empate a 33 entre el tripartito y Aralar por un lado, y PSE y PP por otro. La iniciativa entra ahora en debate en comisión y llegará a pleno previsiblemente en abril.

El tripartito quiere evitar como sea un nuevo caso Atutxa. De hecho, la iniciativa se presentó el 29 de enero, ocho días después de que el Gobierno central iniciara la actuación contra PCTV y ANV. La secuencia resulta reveladora de que los grupos del Gobierno vasco no albergan ninguna intención de variar su posición sobre la que mantuvieron en el caso precedente. Saber que estarán abocados a una nueva condena e inhabilitación de quienes aparezcan como responsables de la negativa ha inspirado la iniciativa.

Su aprobación permitirá a la presidenta de la Cámara esgrimir, en su caso, que el pleno no le autoriza a cumplir la orden judicial. El tripartito busca así forzar que los tribunales tengan que volcar la responsabilidad en cada uno de los 42 parlamentarios que se opondrían con su voto -los que suman el tripartito, Aralar y el PCTV-.

Fuentes jurídicas sostienen, sin embargo, que la presidencia será siempre la responsable legal de la Cámara, por lo que si a ella se dirige el emplazamiento, a ella le será exigible la responsabilidad si no lo cumple.

La toma en consideración de la propuesta llegó inmediatamente después de que el PCTV se negase a condenar el asesinato de Isaías Carrasco, el ex edil socialista asesinado por ETA en Mondragón, en una declaración firmada por el resto de la Cámara. El PSE hizo notar esta coinciencia al tripartito y le reprochó que proteja a un grupo que no condena el terrorismo.