Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Reportaje:POLÍTICA

El cetro y la cruz

Muchas tensiones políticas hallarían alivio y hasta solución si se acometiera una reforma constitucional. Así lo sostiene el consejero delegado de PRISA en la conferencia pronunciada el jueves en el Club Siglo XXI, en la que aboga por cambios que afectan a la Corona, la estructura territorial y el sistema electoral

Pese a que los principales candidatos a las elecciones se han enroscado en la manía de lanzarse mutuos reproches, las campañas electorales deberían ser más una oferta de futuro que un reconcomio del pasado. Cuando hablo de ofertas no me refiero a las rebajas que hemos padecido este enero, en el que cada mañana el Gobierno nos regalaba algo que no esperábamos y la oposición prometía hacerlo en cuanto se encaramara al poder. Eso sólo demuestra que los tintes populistas que asolan el ejercicio de la democracia en muchas latitudes han llegado hasta la nuestra. El populismo no es de izquierdas ni de derechas, sino de las dos clases, y de todas las imaginables. Aunque en Europa hayan sido formaciones conservadoras las que, fundamentalmente, se han subido al carro de la demagogia, en América Latina éste se ha escorado del lado de las revoluciones pendientes, peronistas o bolivarianas. Nos hallamos ante una enfermedad de la democracia cuyo mejor diagnóstico lo he oído de boca del politólogo germano-británico Ralph Dahrendorf: el populismo es simple y la democracia es compleja. El populismo es la plaza pública, la arenga militar y el púlpito, incluidas sus acepciones modernas entre las que sobresalen los medios de comunicación; la democracia es el parlamento, la representación política, el debate y la reflexión. No hay democracia moderna que perviva, que atraiga a los ciudadanos y les convoque solidariamente, si no incorpora algunos elementos populistas en su teatro cotidiano. Pero no hay democracia que funcione, ni gobernanza posible, ni desarrollo, ni progreso, si no existen instituciones fuertes, respetadas por la mayoría y fundamentadas en la ley. Por eso, me voy a referir prioritariamente a dos cuestiones. Una institucional, relacionada con la Constitución cuyo aniversario celebramos, y otra general, que tiene que ver con los procesos de globalización en que nos hallamos inmersos.

Las campañas electorales deberían ser más una oferta de futuro que un reconcomio del pasado

Las incertidumbres sobre el futuro de la Corona son menores, pero no tanto que no hayan generado alarma

Hay razones objetivas para proceder al menos a un lavado de cara del Título 8, referente al Estado de las autonomías

Es grave el sistema de listas cerradas para el Congreso, ya que deja un fabuloso poder en las cúpulas de los partidos

Ésta es una crisis global del capitalismo de Occidente, y la respuesta, sea la que sea, debe ser también global

La pérdida de peso del Estado-nación es un hecho irreversible en la nueva organización mundial

Ratzinger y los suyos creen qeu hay valores predemocráticos que emanan de la naturaleza de la convivencia social

El diálogo de religiones y culturas, de civilizaciones y formas de pensar preocupa más que el precio de las patatas

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Han sido ya tantos los que han solicitado o sugerido la reforma de la Constitución que esta demanda se parece más a una cantinela que a otra cosa. Pero muchas de las tensiones que agobian innecesariamente a la vida política encontrarían alivio, y algunas de ellas hasta solución estable, si finalmente alguien pusiera manos a la obra. Las propuestas de reforma constitucional fueron, como digo, abundantes en el pasado, pero un par de ellas merecen especial atención. Por una parte, la elaborada, con pretensiones teorizantes, por José María Aznar que en 1994 ya proponía "la conveniencia de reformar el Senado", sobre la que "existe", señalaba, "una gran coincidencia entre las fuerzas políticas, pero la necesidad de modificar la Constitución ha frenado hasta ahora la solución de propuestas concretas". "En mi opinión", añadía, "esta reforma tendría que integrar definitivamente a las comunidades autónomas en la estructura del propio Estado en sentido estricto, entendido éste como suma y conjunto de las instituciones generales". Este párrafo, y muchos más de la misma obra, ponen de relieve (¿podré utilizar la palabra ahora maldita?) las estupideces dichas por algunos líderes del Partido Popular cuando aseguran que el futuro de los estatutos de autonomía es algo que no interesa a la gente. Se trataba de una cuestión inscrita en la agenda del partido de la derecha que durante ocho años de gobierno no supo o no quiso abordarla. José Luis Rodríguez Zapatero se mostró más activo y resuelto. En marzo de 2005 encargó un dictamen al Consejo de Estado, indicando que su reforma constitucional afectaría a la sucesión de la Corona, a la identificación de las comunidades autónomas, al Senado y a las relaciones con Europa. Las reformas sobre la sucesión monárquica atañen a la discriminación que por razón de sexo existe en la ley, ya que el artículo 57.1 establece la prevalencia del varón sobre la mujer. Si los Príncipes de Asturias tuvieran un hijo varón en el futuro, y la Constitución no se hubiera reformado para entonces, éste sería el heredero del trono, por delante de sus hermanas. Algunos temen, además, que si se cambiara la llamada Carta Magna en ese sentido, las infantas Elena y Cristina pudieran reclamar sus derechos frente al Príncipe. Los juristas más solventes estiman que eso está descartado, pues la ley no tendría carácter retroactivo, pero los más insidiosos no dejan de resaltar que la historia de los Borbones en España está llena de sobresaltos dinásticos, después de que los vaivenes entre la Ley Sálica y la Pragmática Sanción llevaran a este país a un rosario de guerras civiles cuya huella histórica permanece en cierta forma. Naturalmente, éste no sería el caso en nuestros días, pero el temor a que una consulta popular acerca de la reforma del artículo 57 pudiera interpretarse como un referéndum sobre la institución monárquica, o sobre el heredero en concreto, ha hecho prevalecer el propósito de que dicho cambio venga acompañado por otros y se ofrezca a la decisión de los ciudadanos un conjunto de medidas reformadoras.

Estas incertidumbres sobre el futuro de la Corona son menores, pero no tan pequeñas que no hayan generado alguna alarma. Se sumaron, además, a diversos ataques contra el monarca, incluida la quema de algunos retratos de la familia real por grupos de disidentes republicanos. Que hubo nerviosismo lo puso de relieve el hecho de que el mismo Rey saliera en defensa propia, como indicando que nadie lo hacía por él, y se dedicara en un discurso una especie de autoelogio bastante extemporáneo; o también su intervención en Santiago de Chile frente a Chaves, que si por una parte sirvió para decirle a éste lo que muchos ansiaban sin atreverse a hacerlo, por otra arruinó el protocolo de las cumbres y perjudicó la imagen de rey prudente que don Juan Carlos siempre ha tenido.

La popularidad personal de don Juan Carlos es muy superior en este país al prestigio institucional de la monarquía. El papel del Rey durante la Transición política resultó, en muchos aspectos, crucial. La democracia no es obra suya, o no sólo suya, pero su acción ayudó a facilitar las cosas, para satisfacción de los partidos de origen y tradición republicanos y desesperación de los monárquicos a la violeta. Como el propio don Juan Carlos ha comentado en ocasiones, mientras él y su familia sean útiles (a la convivencia nacional, se entiende), su papel se mantendrá vigente y la institución perdurará. Pero para que lo haga es preciso fijar constitucionalmente las normas y perfilar algunos comportamientos. La unidad nacional española se ha fundado durante siglos en su majestad católica, y la alianza del trono y el papado sirvió para desfigurar el ejercicio de la soberanía por parte de los ciudadanos. Desde el triunfo de las revoluciones liberales, y tras la amarga experiencia de la guillotina en Francia, las casas reales europeas se esforzaron porque sus miembros tendieran puentes con los burgueses, asumiendo y simbolizando sus valores y formas de vida. El matrimonio del príncipe heredero con una plebeya divorciada y la ruptura conyugal de una de las infantas son indicios de que nuestra familia real comprende y asume los estándares morales de la sociedad en que se mueve. Son también calladas denuncias frente a los intentos de demolición democrática protagonizados por la Conferencia Episcopal. La laicidad del Estado, consecuente con nuestra Constitución, requiere algunas reparaciones estéticas. Ningún símbolo religioso debe presidir los actos oficiales y es preciso insistir en que las propias creencias de los reyes, aun si se muestran públicamente, pertenecen a su dominio privado.

La segunda reforma constitucional demandada por tirios y troyanos es la que afecta al Título 8, referente al Estado de las autonomías. Tiene que ver también con la del Senado, e incluso con la de las leyes electorales, y es, desde luego, una cuestión más candente y preocupante para los ciudadanos que el futuro de la niña de Rajoy. Por un lado existen razones objetivas, del todo pragmáticas y no ideológicas, para proceder al menos a un lavado de cara de este título, eliminando cuestiones obsoletas y fijando el número y nombre de las comunidades autónomas en la propia Constitución. Pero no se trata solo de eso, sino de procurar una mejora del sistema que impida el permanente chalaneo entre las comunidades históricas tradicionales, provistas siempre de amenazas separatistas y sueños de independencia, y el poder central. Hace ya tres años que vengo insistiendo en que la definición de la España plural de Zapatero, que merece mi apoyo, es un concepto literario antes que jurídico o político. Se precisa una definición de poderes y atribuciones del Gobierno central y de las comunidades autónomas en el único marco viable para hacerlo: un Estado federal. No discuto la oportunidad histórica del Estado de las Autonomías, en un momento de la Transición política amenazado por la intervención del Ejército y en el que el federalismo tenía resonancias claramente republicanas. Pero la única manera de cerrar esta discusión perenne sobre el ser de España o el de Cataluña es aplicar técnicas políticas conocidas y probadas que han funcionado en la mayoría de los países donde se han puesto a prueba.

El futuro de la monarquía y la construcción de un federalismo moderno, que supere o defina el marco autonómico, son temas fundamentales para mejorar la gobernanza de este país. El Gobierno saliente tenía un programa preciso al respecto, que debía haber culminado a finales de la legislatura con un referéndum sobre la reforma incoada. Todo eso se ha ido al garete, pero los problemas siguen ahí. Esperemos que el que salga de las urnas cuente con la autoridad moral y la mayoría suficiente para abordarlos.

Por último, conviene echar una ojeada a nuestro modelo electoral. Inicialmente diseñado como proporcional, está sometido a severas correcciones que provienen de la aplicación de la ley de Hondt y su combinación con la provincia como distrito. El bipartidismo, deseable o no, se ve potenciado por el propio sistema, y sólo corregido por la presencia de los partidos nacionalistas, fundamentalmente en Cataluña y el País Vasco, lo que les otorga al final un protagonismo exagerado en las posibles coaliciones parlamentarias o de gobierno. Pero más grave aún que esta circunstancia es el hecho de que las elecciones al Congreso tengan lugar mediante listas cerradas y bloqueadas, depositando de este modo un fabuloso poder en las cúpulas directivas de los partidos, por lo que los militantes que aspiran a entrar en política no tienen otro remedio que estar a bien con los dirigentes, so pena de verse expulsados de los comicios. Las peripecias en torno a la presencia o no de Alberto Ruiz-Gallardón en el listado del PP nos hablan de la importancia que la configuración de candidaturas adquiere en tiempo electoral. La democracia interna de los partidos se resiente enormemente de este singular sistema de votación, que facilita también otra perversión de nuestra representación democrática: la existencia de numerosos diputados cuneros, sin conocimiento ni arraigo en el distrito por el que resultan elegidos. La conjunción de estos pequeños o grandes despropósitos hace que al final no sea el Parlamento el que controla al Gobierno, sino más bien el Gobierno quien controla la mayoría parlamentaria. El panorama se completa con la existencia de un Senado desprestigiado y desprovisto de funciones.

Las intenciones de Rodríguez Zapatero de solucionar al menos en parte este estado de cosas -de la ley electoral no se hablaba- le llevaron a ejercer la consulta aludida ante el Consejo de Estado. Éste tardó diez meses en elaborar un dictamen favorable a las tesis del Ejecutivo, que contó con la agria oposición del ex presidente Aznar. Han pasado más de dos años desde entonces, pero las promesas de que dicha reforma constitucional sellaría el broche de la legislatura cayeron en el olvido. Sin duda, el motivo fundamental es la cerrazón de la derecha a elaborar ningún tipo de pacto con el PSOE mientras éste se encuentre en el poder. Eso no solo responde a una táctica política, sino a la convicción profunda, demostrada con declaraciones y con hechos, de que España le pertenece, y de que los españoles decentes, o buenos, como a veces han sido calificados por Aznar y Rajoy, son quienes les votan a ellos. La presencia de los socialistas en el Gobierno resultaría, desde ese punto de vista, una anormalidad con la que es preciso acabar, pues es, dicen, germen de desunión y causa de destrucción de cualquier idea de España. Es ya imperiosa la necesidad de que nuestro país cuente con una derecha moderna, y no con esta llena de cazurrería y sentimientos predemocráticos, a la que incluso el templo doctrinal del capitalismo, el Financial Times, tachaba de franquista esta misma semana.

LA GLOBALIZACIÓN

COMO PARADIGMA

Pero de nada nos serviría proceder a las reformas estructurales citadas si no tuviéramos en cuenta el nuevo marco en el que se desenvuelven la actividad política y económica y en el que nuestro país debe perfeccionar su andadura. Hace treinta años, la globalización, en su actual concepto, apenas existía. Son muchas las cosas, por cierto, que no había hace treinta años y que hoy marcan con rotundidad la vida cotidiana de las gentes y el progreso material de los países. En el momento de aprobación de nuestra Constitución no existían en el mundo los computadores personales, ni Internet, ni los teléfonos celulares, ni el euro. Tampoco había una amenaza global por parte del terrorismo suicida de los sectores fundamentalistas del islamismo. Pero en España las carencias resultaban aún mayores: no existía televisión en color, ni privada, ni por satélite, ni de pago; no estábamos en la NATO ni en el Mercado Común, y todavía no se habían promulgado las leyes sobre divorcio y aborto, ni los estatutos de autonomía; la gente apenas pagaba impuesto sobre la renta, y tampoco había cinco millones de inmigrantes ni cerca de un millón de musulmanes viviendo en nuestro país. Aún choca más lo que había y ya no hay: teníamos la Unión Soviética, el muro de Berlín, la guerra fría, el eurocomunismo, el terrorismo del IRA, la deuda del Tercer Mundo, el ecumenismo religioso, la teología de la liberación, las fronteras en Europa... y, entre nosotros, el servicio militar obligatorio, la mayoría de edad a los veintiún años, la amenaza militar, la peseta, la prensa del Movimiento...

En los recientes debates televisados entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, el término globalización no ha aparecido para nada, pese a ser la realidad más inmediata con la que tienen que enfrentarse los políticos. Ninguno de los problemas a los que el nuevo Gobierno tendrá que hacer frente se pueden solventar si se pierde la referencia planetaria. A comenzar por la economía, pues la crisis que afrontamos es en gran medida importada o, por mejor decir, es una crisis global del capitalismo de Occidente, cuyas respuestas, sean cuales sean, tienen que ser también globales. Una de las armas esenciales para defenderse de un eventual colapso financiero, la política monetaria, ya no está en manos de nuestras autoridades nacionales. La soberanía se ha transferido por completo en este punto al Banco Central Europeo, cuyas decisiones, buenas o malas, vienen justificadas por su atención conjunta a todas las economías de la zona euro. No puede haber recetas ni soluciones aisladas del conjunto de Europa. Y desde nuestra concepción de demócratas debemos estar alertas, además, ante la admiración creciente que suscitan los modelos de desarrollo asiático, capaces de combinar crecimiento económico y bienestar -incluso opulencia- con autoritarismos políticos y ausencia de libertades individuales.

La pérdida de peso específico del Estado-nación es un hecho irreversible en la nueva organización mundial. Resulta imposible pretender un orden global basado en maquinarias políticas cada día más inservibles. Eso no significa que el Estado-nación vaya a desaparecer, no en un futuro previsible, pero sus funciones se han transformado en algunos casos hasta la desfiguración. Paradójicamente, cuanto más se debilita el propio concepto, mayor es la proliferación de nuevos Estados independientes, y en el área de influencia europea se han creado, en las últimas décadas, una veintena de ellos. El último, Kosovo, que tiene un territorio y una población equivalentes a los de la provincia de Zamora. En realidad, Kosovo no ha obtenido la independencia de los serbios, sino sólo la separación, a base de constituirse en un protectorado de Occidente. Es de elogiar la actitud del Gobierno de Madrid mostrándose reticente al reconocimiento de ese nuevo mini-Estado, aunque no sé si en las declaraciones procedentes del palacio de Santa Cruz ha pesado alguna preocupación añadida acerca del futuro de Cataluña o el País Vasco. Se trata de cuestiones y situaciones completamente diferentes, aunque hay una reflexión que puede ser común para todas ellas: la escalada de los sentimientos nacionalistas y la configuración de estos en torno a etnias, culturas, lenguas o religiones.

No nos hallamos ante simples anécdotas ni eventuales errores coyunturales. Desde la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría asistimos a una disputa creciente entre los valores emanados de la Ilustración y aquellos que reivindican los que se desprenden del reconocimiento de la propia identidad. Este reclamo de la identidad, personal o colectiva, que se concreta en una especie de derecho a la diferencia, es algo muy actual y viene siendo utilizado por los populismos al uso. Basar los derechos de nadie en una única y supuesta identidad concreta, ignorando la variedad de identidades que confluyen en una persona o comunidad, y la intensidad también variable que adquieren en cada momento, significa enfrentarlos a los que provienen de la identidad ajena. No se trata de construir sociedades homogéneas. La democracia se nutre y fortalece con la diversidad, pero no puede dar lugar a una simple confederación de tribus. Por eso es necesario el establecimiento de valores y reglas comunes que permitan que funcione el sistema, y me atrevería a afirmar que todas ellas se resumen en una sola: el ejercicio de la libertad.

Entre las identidades que muestran mayor fortaleza y presencia están las que emanan de las religiones organizadas. El creciente papel de éstas en la vida política de los pueblos no es una exclusiva del islam. La deriva reaccionaria de los llamados neocons norteamericanos tiene que ver con el aumento de influencia y militancia de las iglesias evangelistas. El papa Wojtyla fue, entre otras cosas, un activo hombre de Estado, capaz de involucrarse en la lucha contra el comunismo en Polonia y de devolver los favores que la CIA le prestó desarticulando los movimientos de la teología de la liberación que apoyaban revoluciones como la sandinista. El Vaticano se hizo presente en las demandas por la independencia de Croacia y torció el gesto ante el primer Bush con ocasión de la guerra del Golfo. El conflicto secreto declarado a partir de entonces entre la Casa Blanca y la sede de la Iglesia terminó con la visita del Sumo Pontífice a Fidel Castro. Pero ahora resulta que los neocons del segundo Bush y los defensores de las nuevas corrientes doctrinales de la Iglesia romana tienen al menos una cosa en común (probablemente muchas más): son gentes de principios, enamorados de su concepción de la verdad y dispuestos a imponerla a los demás, en su propio bien, según proclaman. Wolfowitz y compañía han pretendido la exportación de su modelo democrático a los países no amigos del Cercano Oriente, incluso si para llevarla a cabo tenían que imponer su criterio a sangre y fuego. Ratzinger y los suyos operan desde el convencimiento de que existen unos valores predemocráticos (previos a la democracia misma) que emanan de la propia naturaleza de la convivencia social y que deben informar, precisamente, la posterior construcción del consenso. El propio Papa lo describe así: "El Estado debe aprender que existe una base de verdades que no está sometida al consenso, sino que lo anticipa y lo hace posible". Neocons y neorreaccionarios se muestran en ambos casos como idealistas, pues todo ellos han leído a Platón. Lo explicó muy bien Hegel en su libro El concepto de religión: "En lo referente a la Constitución hay dos sistemas: el moderno, según el cual la libertad y su ordenación son mantenidas en pie sin tener en cuenta la forma de pensar [líneas antes había definido la forma de pensar como lo interior, que constituye precisamente la base de la religión], y el otro sistema es, precisamente, el de la forma de pensar, el principio griego que encontramos desarrollado en la República de Platón". "Según éste", continúa el filósofo, "la forma de pensar y la Constitución formal son inseparables y no pueden prescindir una de la otra". "Pero en los últimos tiempos", concluye, "ha salido a la luz una postura unilateral en el sentido de que la Constitución debe mantenerse en pie a sí misma, y la forma de pensar, la religión, la conciencia, deben ser dejadas a un lado como indiferentes, dado que a la Constitución política no le interesa qué forma de pensar o qué religión compartan los individuos". No es el caso de España, cuya Constitución, en su artículo 16, especifica que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Esta redacción es fruto de presiones formidables de los obispos que exigían una mención al catolicismo como religión ampliamente extendida entre nuestros ciudadanos. La sombra del nacionalcatolicismo se cierne así sobre la proclama constitucional.

Los conflictos Iglesia-Estado se inscriben en los muchos más amplios entre Identidad e Ilustración. Desde el punto de vista de ésta, la separación entre Iglesia y Estado debe ser total, y el laicismo es un bien preciado e irrenunciable de las democracias. En la Constitución española, la confusión aumenta si se combina lo dicho sobre la libertad religiosa con el artículo 27, dedicado a la libertad de enseñanza. En su párrafo 3 se establece que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Y en el 4, que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita". Puede deducirse, entonces, que es obligación de los centros públicos de enseñanza impartir clases de religión en las confesiones que los padres demanden. Semejante pretensión ha generado no pocos conflictos a la hora de redactar las diferentes leyes educativas y nos remite, en este caso, al modelo británico para la educación (todas las religiones en las escuelas), opuesto al que podríamos llamar modelo francés o norteamericano (fuera la religión de las aulas). Este último es fruto de ese laicismo radical que conllevan las revoluciones liberales y que provoca enorme desagrado al arzobispo de Valencia.

En el contexto de la globalización, la amenaza del terrorismo fundamentalista y la complejidad de las relaciones de los países occidentales con los árabes, junto con los movimientos migratorios en masa, merecen también una reflexión leal y no demagógica por parte de nuestros líderes. Lamenté oír cómo en los debates televisados Rajoy, tan aparentemente preocupado por la inmigración, menospreciaba el programa de Alianza de Civilizaciones lanzado por Zapatero; pero mucho más aún sentí que éste no defendiera con la vehemencia debida una idea que fue feliz aunque su desarrollo haya sido lamentable. El diálogo entre religiones y culturas, entre civilizaciones y, como diría Hegel, formas de pensar, preocupa hoy a los ciudadanos de a pie bastante más que el precio de las patatas. Son ellos los que conviven, en el trabajo, en la calle, en los comercios y en la vida cotidiana, con individuos pertenecientes a culturas hasta ahora extrañas para nosotros y que muchas veces se nos han explicado desde la hostilidad, la discriminación y el desprecio. El futuro de Europa depende en gran medida de la comprensión de este problema y de la integración que la democracia pueda hacer de esas culturas sin traicionar los principios básicos sobre los que la democracia misma se ha construido.

Esta es una tarea especialmente necesaria porque hay identidades más letales y peligrosas que las simplemente ideológicas, aunque se nutran de ellas. Me refiero a las nuevas formas de terrorismo suicida que han desencadenado además respuestas alocadas y criminales por parte de los poderosos de la Tierra. Los demócratas tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión sobre lo que sucede. No se trata de transigir con la vulneración de los derechos humanos en nombre de tradiciones o creencias que reclaman respetabilidad. Se trata más bien de regresar a los valores de la Ilustración, fruto del raciocinio y el diálogo. Por eso es tan injusta, y tan peligrosa, la identificación frecuente entre islam y violencia que en los medios de comunicación occidentales tiende a establecerse. Hoy día, el terrorismo internacional es una amenaza constatable y seria para la seguridad de nuestros ciudadanos, pero esta sociedad no vive amedrentada ni obsesionada por ello como, durante años, lo ha estado la norteamericana, tras el horrendo atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Tampoco puedo asumir sin más la relevancia que otorgan las encuestas al terrorismo en general, y quizá al vasco en particular, en la lista de preocupaciones de los electores. Creo que la permanencia del terrorismo etarra -cada día más debilitado, aunque es preciso no cantar victoria, pues matar sigue siendo muy fácil- es un hecho manipulado, lo mismo que el dolor de las víctimas, por quienes no reparan en métodos a la hora de conquistar el poder. Nos encontramos ante una cuestión grave, pero no se trata sólo, y quizá no se trata tanto, de la amenaza terrorista en sí como de la anormalidad de la vida en el País Vasco, de la tendencia a identificar en él ciudadanos de distinta categoría, buenos y malos vascos, como otros quieren definir a los buenos y malos españoles, y de la permanente indefinición en la construcción del Estado. Por último, el terrorismo, doméstico o internacional, no puede ser vencido solo con acciones policiales y militares y desde la decisión unilateral -y tantas veces torpe- de quienes mandan. Los problemas políticos, incluso en su versión criminal, exigen también una comprensión de este género por parte de quienes pretendan solventarlos.

Todas estas son cuestiones que merecen respuestas afinadas, material de trabajo para estadistas, como señalaba hace bien poco en EL PAÍS Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona. Espero y deseo que el próximo presidente del Gobierno, sobre cuyo nombre no me caben dudas, pero también el jefe de la oposición, exhiban en adelante el temple que distingue a todo hombre de Estado. Pues, además de gobernar durante esta legislatura, es preciso construir para las próximas generaciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de marzo de 2008