Altos cargos avalan ante el juez el concurso del Barbanza

Los dos altos cargos de la Xunta que ayer comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago defendieron la adjudicación por parte de la Consellería de Política Territorial de la autovía del Barbanza al grupo Sacyr. Durante casi tres horas, el director general de Obras Públicas del Gobierno gallego, Manuel Morato, el primero en comparecer, respondió a las preguntas de la acusación formulada por el Partido Popular y del juez decano de Santiago, Francisco Javier Míguez Poza.

Caride confía en el trabajo de la Justicia para que "triunfe la verdad"

La investigación parte de la querella presentada por el Partido Popular que atribuye cinco delitos (prevaricación, fraude, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función) a dos altos cargos y dos funcionarios de la Administración autonómica.

El letrado que representa al PP se centró en saber por qué la mesa de contratación decidió encargar un segundo informe técnico en lugar de adjudicar la infraestructura al grupo San José, tal y como recomendaba el primer estudio que redactó Eptisa-Idasa por encargo de la Consellería de Política Territorial durante la época de Alberto Núñez Feijóo. Morato, al igual que hizo después, el director general de Política Financiera de la Consellería de Economía, Eugenio García Lalinde, se remitieron al acta de la mesa de contratación de la que eran integrantes.

Según consta en ese documento, fue la peor calidad técnica del proyecto constructivo de San José -la penúltima oferta en valoración de las ocho que evaluó la asistencia técnica contratada por la Xunta del PP- y lo ajustado de la puntuación final -el proyecto vencedor lo fue por un estrecho margen de 16 puntos sobre 1.000- lo que llevó a la Xunta a recabar una segunda opinión, que decantó la contratación a favor de Sacyr.

El trámite está amparado por la Ley de Contratos de la Administración Pública, que permite a una institución encargar los dictámenes que considere oportunos antes de adjudicar un proyecto. La acusación preguntó, no obstante, a los directores generales si la fórmula es habitual en las contrataciones que realiza el Gobierno gallego. Fuentes próximas a la acusación constataron contradicciones en el relato de los dos altos cargos y señalaron que la defensa no consiguió explicar por qué la mesa de contratación alargó durante ocho horas una reunión que trató como único punto la solicitud de un segundo informe técnico.

Las declaraciones de ayer forman parte de las diligencias previas abiertas por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, que ha citado para hoy, también en calidad de imputado, a Antonio López Blanco, subdirector general de Carreteras de la Xunta, y miembro de la mesa de contratación que adjudicó la obra. El 14 de marzo está llamada a declarar la funcionaria Teresa Palacios, jefa del Servicio de Vías de Alta Capacidad, quien solicitó dos aplazamientos basándose en la imposibilidad de su abogado para acompañarle esta semana.

La concesión de la autovía del Barbanza al grupo Sacyr desencadenó una campaña de duras críticas del PP, que ha reclamado insistentemente la dimisión de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, a quien los populares acusan de encarecer la obra en 30 millones de euros. Desde este departamento niegan que el cambio de adjudicatoria implicara un sobrecoste "que dependerá del número de vehículos que transiten por la vía" y aseguran que el proyecto definitivo mejorará la seguridad de una vía en la que han muerto más de 50 personas en accidentes.

Ayer mismo, Caride, ratificó en rueda de prensa "su confianza en la Justicia para que haga bien su trabajo y triunfe la verdad". La conselleira de Política Territorial defendió la tramitacion realizada por su departamento como "perfectamente legal y transparente" y aguardó que al final del proceso "se les restituya el honor a los funcionarios y altos cargos de la Xunta". Caride recordó que los carteles que anunciaban el número de muertos en la vía "son cosa del pasado" y recordó que la obra será "una muestra del progreso y la modernidad de Galicia".