La decisión sobre la central de Morata queda en manos de la Comunidad

Los 13 concejales de Morata de Tajuña (7.400 habitantes) han desinflado las camas y desenchufado el termo. Ya está diáfano el salón de plenos. Se acabó el encierro que unánimemente acordaron hace siete días. Una protesta de todos los grupos, y la inmensa mayoría de los ciudadanos, envuelta en una pancarta: "¡No a la térmica!". La térmica es una central de ciclo combinado -consume gas para producir electricidad- proyectada en 2000 y que parece que ha encallado ocho años después.

La Asamblea de Madrid ya pidió, con el acuerdo de todos, la paralización

Ayer, el Ministerio de Industria se comprometió a respetar el veredicto ambiental de la Comunidad de Madrid. Una noticia jubilosa para el municipio: toda la Asamblea acordó solicitar la paralización.

La voluntad política del Gobierno regional, pues, es frenar el plan. Y tienen un aliado en la ley. Lo explica la propia consejera, Beatriz Elorriaga. "No se pueden construir infraestructuras de esta clase a menos de dos kilómetros del núcleo afectado", adelanta. La central iniciada por la empresa Electrabel está a 1,5 kilómetros del casco de Morata. No va a ser la única objeción. Fuentes de la consejería advierten de que las posibilidades de que el informe sea negativo son casi del 100%. Y el informe es "preceptivo y vinculante".

Pero la Comunidad no está tan satisfecha. Su propósito es que el ministerio renuncie al proyecto, cosa que no ha hecho. Industria sostiene que el plan permanece en el mismo punto en el que estaba. Tiene razón. En marzo de 2006 un informe de la Dirección General de Minas ya adelantaba el mismo veredicto. No se podía esquivar el requisito autonómico.

"Todo es una mera cuestión de confianza. En esencia nada ha cambiado", coincide el experto de Ecologistas en Acción Ladislao Martínez. El informe autonómico era necesario, independientemente de que Industria lo reconociese o no por escrito. Pero el Ayuntamiento no se fiaba. Tenía un motivo. El Gobierno central aprobó en consejo de ministros el pasado junio de 2007 otorgar la etiqueta de interés general a la central de Morata. Una declaración que el Consistorio de esta población pensaba que serviría para regatear la ley.

Ahora ya saben que no es así. Pero la empresa también tiene sus argumentos. La ley que rige para este tipo de infraestructuras entró en vigor en 2002, dos años después de que se aprobase el plan para Morata y otros seis municipios. En consecuencia, su objeción es que no se les debe aplicar un reglamento con carácter retroactivo.

Pero el plan ha entrado en un callejón sin salida. Bueno, con una sola salida. "Pueden seguir construyendo haciendo caso omiso y fiarse de una política de hechos consumados", advierte Martínez. Valentín Navarro, alcalde de Morata, del PP, recuerda que en su municipio ya hay una cementera, una construcción gigantesca de cinco bloques de hormigón coronados por chimeneas. "Nosotros ya tenemos nuestra ración de emisiones contaminantes", zanja.

El alcalde, por otra parte, rechaza las insinuaciones de que su oposición al plan tiene que ver con un plan de ordenación urbano que contemplaba la construcción de 28.000 viviendas: "No tiene nada que ver. La central está en suelo industrial. Además, ese plan era irrealizable. Ahora se ha quedado en 14.000 viviendas, y no creo que ni siquiera ese se lleve a cabo".