Sevilla reclama un compromiso del Poder Judicial en el 'caso Fabra'

Jordi Sevilla, cabeza de la candidatura socialista al Congreso por Castellón, se hizo eco ayer de las quejas planteadas por la Unión de Consumidores de España (UCE) ante los sucesivos cambios de jueces en el juzgado de Nules donde se instruyen las diligencias por supuestos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal que se atribuyen a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. "Sería bueno obtener un compromiso explícito del Consejo General del Poder Judicial", comentó Sevilla, para lograr que el próximo titular del juzgado concluya la instrucción del caso Fabra antes de solicitar el traslado. "Yo me he sentido insatisfecho, como todo el mundo y como supongo que el propio imputado, por el cambio sucesivo de jueces que ha habido", dijo el candidato socialista. Y recordó que el CGPJ, como órgano independiente del Gobierno, "tiene competencias suficientes para asegurar que el juez que venga concluya el caso antes de pedir su traslado".

El proceso abierto contra Fabra se arrastra desde hace cuatro años. En la actualidad, está en manos de un juez sustituto que es el octavo magistrado que se ocupa de las diligencias abiertas contra el presidente de la Diputación de Castellón.

La UCE, que representa a la acusación particular contra Fabra, ha remitido ya dos quejas al CGPJ para solicitar que tome cartas en el asunto de los relevos de jueces. El juzgado número 1 de Nules es considerado un juzgado "de paso", donde los jueces recaen temporalmente hasta que son designados magistrados y son destinados a otra plaza. Pero los sucesivos cambios de titular están provocando unas dilaciones en la instrucción del proceso que, según la UCE, "ponen en peligro la Administración de Justicia".

La asociación de consumidores subraya la importancia de la "unidad de dirección e impulso" en la instrucción de un caso tan complejo y, por ello, solicita al CGPJ que "adopte las medidas necesarias para lograr una continuidad en un asunto cuya trascendencia es notoria".

Sevilla señaló ayer que hace cuatro años, el Gobierno "hizo lo que puede hacer" al respecto y encargó el seguimiento de la instrucción del caso al Fiscal Anticorrupción porque consideró que era "era bueno" liberar a la Fiscalía Provincial del asunto. Pero subrayó que los nombramientos y traslados de jueces los decide el CGPJ.

Los jueces tienen autonomía para solicitar traslados o ascensos y el CGPJ solo puede sugerir a los instructores que permanezcan en sus puestos y que demoren sus ascensos a través de prórrogas que, en cualquier caso, no interrumpen su carrera.