Poca agua, pero andaluza

El agua ha acaparado el foco medioambiental de esta legislatura. Cuando se inició, la Junta de Andalucía no tenía ninguna competencia sobre su gestión más allá del auxilio técnico puntual a los ayuntamientos y diputaciones en la red urbana. Ahora administra cuencas que suman una extensión de 87.268 kilómetros cuadrados, 48.836 kilómetros de riberas y 26.616 kilómetros cuadrados de aguas subterráneas. Es el resultado de las transferencias a Andalucía de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, ahora la Cuenca Mediterránea, los ríos Barbate, Guadalete, Tinto, Odiel y Piedras, que constituyen la Cuenca Atlántica, y la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalaquivir, en pleno proceso de traspaso.

Para dirigir todo este volumen de competencia, la Junta ha puesto en marcha la Agencia Andaluza del Agua, dentro de la Consejería de Medio Ambiente, con la que pretende establecer una nueva concepción del ciclo del agua, incluidos los impuestos que repercutan su verdadero coste. Pero el intento se quedó a la mitad. La consejería hizo un borrador para una ley del Agua, con una gran polémica política, en el que se incluía la nueva fiscalidad, que no ha llegado a tramitarse y se ha dejado para el próximo mandato.

La idea era que el impuesto ecológico tuviera carácter finalista y se destinara a la recuperación de la calidad del agua y los ecosistemas hídricos, así como a la construcción de abastecimientos y depuración urbana. En contraprestación, el impuesto sustituiría a otras figuras impositivas actuales, como los cánones de mejora de la red de las administraciones locales, el impuesto de vertidos sobre aguas litorales y el de las continentales en las cuencas competencia de la Junta. En lo que respecta a la renta ciudadana, el recibo del mes se encarecería unos tres euros. No obstante, el impuesto se aplicará de forma progresiva, de modo que pagará menos el que menos agua consuma, y a la inversa: se penalizarán los usos abusivos. En otras comunidades el canon medio sobre distintos aspectos del uso del agua oscila entre el 0,19 euros por metro cúbico de Galicia al 0,50 de Cataluña, pasando por el 0,30 de Murcia, Valencia o Madrid. Esto supone una horquilla de un mínimo de 2,8 euros al mes en impuestos y un máximo de 15,5 euros.

Medio Ambiente planteó una exención de 10 años en el pago del nuevo impuesto para los agricultores que acrediten buenas prácticas. Pasados los diez años, los regadíos tributarán en función del uso: entre dos y 57 euros anuales por hectárea.

El agua representa un problema siempre para Andalucía: no sólo es escasa y está mal repartida, además el índice de contaminación por los vertidos a sus ríos es demasiado alto y sufre frecuentes inundaciones por la deforestación y la concentración demográfica en torno a los cauces. En estos años ha habido de todo, pero lo que más alarma en estos momentos es la sequía continuada de cuatro ejercicios.

Tanto la Agencia Andaluza del Agua como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han asegurado el abastecimiento urbano, pero los regadíos están más que amenazados. Se trata del peor año hidrológico en los últimos 12 años. La mayor parte de los embalses están en situación de emergencia, y apenas se puede garantizar la cuarta parte de un año hidrológico normal. Tal diagnóstico no ha hecho más que tensionar a los regantes y, en consecuencia, a los políticos.

La batalla del agua en Andalucía ha sido un eco de la que se ha registrado en toda España. Prueba de ello es que el PP andaluz ha incluido en su programa la exigencia del trasvase del Ebro que, paradójicamente, no se ha incluido en el nacional para evitar lances territorios. También plantean cambiar la Agencia del Agua y eliminar su "burocracia", así como diversos planes contra la sequía, inundaciones y aguas residuales. Los socialistas insisten con la ley de ciclo integral que se ha quedado en el cajón, proyectan un plan especial para el Guadalquivir.

Fuera del agua, las otras dos grandes transferencias que han dotado a la Consejería de Medio Ambiente de una extensísima gestión son Doñana y Sierra Nevada, los parques nacionales, antes gestionados por el Estado. El cambio se tradujo en la organización, con la supresión de órganos (Patronato) y la creación de otros nuevos. También se ha unificado la gestión en cada espacio, donde coexistían figuras con distinto grado de protección (parque nacional y natural). Lo mismo ha ocurrido con Sierra Nevada, donde se había ensayado ya una fórmula conjunta.