Los alcaldes rechazan la obligatoriedad de invertir el 7% en servicios sociales

El pulso entre Vicepresidencia de la Xunta y los alcaldes continúa. Las discrepancias sobre el modelo de financiación del gasto social mantienen bloqueadas las negociaciones de los ayuntamientos con el departamento que dirige el nacionalista Anxo Quintana.

"Una Administración no puede imponer a otra en qué debe gastar el dinero"

La tercera reunión sobre el anteproyecto de ley de servicios sociales entre representantes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y de Vicepresidencia concluyó ayer sin acuerdo. Los alcaldes se oponen a que la Xunta imponga un porcentaje mínimo del presupuesto municipal que los ayuntamientos deben destinar a asuntos sociales. Quintana, mientras, está lejos de aceptar la propuesta de la Fegamp, aunque ambas partes se han propuesto realizar un esfuerzo de última hora.

El plazo que se han dado alcaldes y Vicepresidencia para alcanzar un acuerdo sobre la ley concluye mañana, cuando se reunirá la Comisión Galega de Cooperación Local, en la que el texto se someterá a votación. Los avances sobre asuntos relacionados con la distribución de competencias, estructura y responsabilidad en la prestación de los servicios son amplios, pero chocan con las discrepancias respecto a la financiación, ante el rechazo de los alcaldes a aceptar que la Xunta establezca un gasto mínimo en asistencia social y de Vicepresidencia a renunciar a ese porcentaje obligatorio. Las dos partes ya no se volverán a reunir antes de la decisiva comisión de cooperación, pero realizarán un esfuerzo final vía telefónica y por correo electrónico para cerrar el acuerdo sobre financiación.

El anteproyecto legislativo, presentado el 15 de enero por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, prevé obligar a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a consignar un 7% de sus presupuestos anuales a fines sociales. Los municipios de menos población que se asocien con otras administraciones para prestar esos servicios deberán dedicar el 4% de sus recursos, mientras que aquellos que decidan hacerlo en solitario tendrán que elevar el porcentaje al 6%. El plazo para alcanzar esos mínimos es de seis años, con el riesgo de perder financiación si no lo consiguen.

"No es cuestión de un porcentaje, sino de rechazar que una Administración pueda imponer a otra en qué debe gastar su dinero", explica el presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fernández, que califica esa propuesta de "tontería". La federación municipal presentó en las negociaciones un texto alternativo para su discusión con Vicepresidencia, avalado por un informe aprobado por la ejecutiva de la Fegamp, al que se opuso el representante del BNG en dicho organismo, Francisco García.

La Fegamp acepta establecer "líneas políticas o intenciones", pero no un porcentaje, que consideran en todo caso "ficticio": "No hay forma de comprobar que se cumple el mínimo; Vicepresidencia tendría que crear un cuerpo de inspectores, para verificar el gasto social ayuntamiento por ayuntamiento", advierte Carlos Fernández. Otra dificultad añadida, expone el presidente de la Fegamp, es la de definir qué es gasto en asistencia social: "Es un concepto en constante evolución, en el que también caben fenómenos como la inmigración o la igualdad".

El presidente del organismo municipalista admite que, desde hace 15 años, existe una ley en Galicia que obliga a los ayuntamientos a destinar el 6% de sus presupuestos a este tipo de gastos, pero los dirigentes de la Fegamp consideran que, como no se cumple, es "el momento de suprimirlo". "Está en juego la autonomía municipal, no es razonable que una administración, en este caso la Xunta, condicione los presupuestos de otra, la local, que no es jerárquicamente inferior. Cada uno tiene su campo de trabajo", explica.

Pese a la distancia de las posturas respecto al espinoso asunto de la financiación, Carlos Fernández no descarta que el esfuerzo negociador final permita a la Fegamp apoyar el anteproyecto. Los alcaldes ofrecen garantizar por ley su compromiso con el gasto social, pero chocan con la voluntad de Vicepresidencia de blindar legalmente este tipo de inversiones.