Ni son ayudas de Estado ni hay que notificarlas

No es extraño que la autonomía fiscal de Euskadi la defiendan las instituciones vascas, que son las que la usan. Tampoco lo es que lo haga la Administración del Estado que la respeta escrupulosamente desde la paz fiscal de 2000. Lo que sí puede resultar sorprendente es el apoyo del Reino Unido y de la República Italiana.

- Diputaciones forales. Su presencia es indiscutible. Aunque sólo sea en pura teoría la soberanía fiscal reside en las instituciones forales y las normas que una y otra vez han sido recurridas ante los tribunales son las aprobadas por las Juntas Generales de los tres territorios vascos. En las observaciones que presentaron al Tribunal de las Comunidades Europeas se apoyan en el caso Azores y piden que Luxemburgo dictamine que son medidas fiscales "generales", fruto de una clara "autonomía fiscal", que no precisan comunicación a la Comisión y que "no constituyen ayuda de Estado". A este argumento se suman las Juntas Generales de Vizcaya y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao.

- Reino de España. La Administración central se la juega porque una alteración del Concierto implica un cambio en el bloque de constitucionalidad. Así, sus observaciones van encaminadas a asegurar que el País Vasco cumple los tres requisitos del Caso Azores (estatuto político, independencia normativa y riesgo unilateral).

- Reino Unido. En proceso de descentralización y con Irlanda del Norte en mente, los británicos piden que sólo sea ayuda de Estado si la rebaja fiscal implica compensaciones de la Administración centra; algo que dice desconocer.

- Italia. Su propia descentralización le lleva a unirse al destino de la autonomía fiscal vasca.

- Confebask. El interés de los empresarios vascos por la autonomía fiscal, que implica un Impuesto de Sociedades más bajo, es evidente.