Pontevedra da luz verde a la normativa 'antibotellón'

La ordenanza municipal que velará por que el fenómeno del botellón no suponga una molestia para los vecinos fue aprobada ayer por unanimidad en el pleno de Pontevedra. La clave del documento es vetar "la permanencia y concentración de personas en las vías y zonas públicas consumiendo bebidas cuando alteren la convivencia ciudadana".

Después de cinco meses de tira y afloja en el seno del bipartito pontevedrés, nacionalistas y socialistas anunciaron el 6 de febrero un acuerdo que, en principio, satisfacía a ambas partes. Sin embargo, días después la concejala de Benestar Social, Margarita Castejón (PSOE), manifestó que "no está previsto ningún espacio alternativo" para acoger la celebración del polémico fenómeno. Horas más tarde, el edil de Protección Cidadá, Guillerme Vázquez (BNG), matizó que el nuevo reglamento dejará la puerta abierta a que el Ayuntamiento habilite un espacio destinado a acoger el botellón siempre y cuando no altere la convivencia ciudadana. El Bloque siempre ha insistido en esta medida, que consistiría en trasladar esta práctica del Campillo de Santa María, donde se celebra en la actualidad y que se encuentra en pleno centro histórico, a los aledaños del recinto ferial.

Multas a los padres

Los vecinos de Santa María, respaldados por otros colectivos sociales, se han movilizado para lograr que el gobierno local les libre del ruido y las basuras que alrededor de 300 jóvenes provocan cada fin de semana desde hace una década. Para ello llegaron a protagonizar una recogida de firmas exigiendo contundencia para solventar el problema, respaldada por más de 3.000 personas.

La principal preocupación de los socialistas, que en todo momento hicieron hincapié en tomar medidas de tipo preventivo y educativo, ha encontrado también su sitio en esta ordenanza, que buscará también la implicación de los padres. La norma prevé sanciones económicas que oscilan entre los 750 y los 3.000 euros para quienes no respeten lo estipulado, cantidades que deberán abonar los padres o tutores legales en el caso de que el infractor sea un menor y que se destinarán a financiar programas de ocio para los jóvenes. La ordenanza limita las franjas horarias de venta de alcohol y prohíbe su suministro en la vía pública aunque éste se realice de forma gratuita.

La oposición municipal en Pontevedra, que lidera el popular Telmo Martín (PP), insiste en la idoneidad de complementar las medidas preventivas y sancionadoras con una mayor vigilancia policial, que tendría una finalidad disuasoria.