La sanción a un letrado aplaza el juicio por la estafa a inmigrantes

El segundo juicio por la estafa masiva a 61 inmigrantes en Bilbao durante el proceso de regularización de 2005, previsto para hoy, se ha suspendido hasta abril. La razón es que el abogado defensor de la letrada María del Carmen Formoso -uno de los dos imputados por estafar 30.000 euros a 34 extranjeros- está sancionado hasta marzo por el Colegio de Abogados de Vizcaya.

El pasado 30 de enero la representación de la imputada presentó un escrito en la Audiencia de Vizcaya en el que pedía el aplazamiento del juicio, al estar el letrado Ricardo Mateo "suspendido en el ejercicio de sus funciones en virtud del expediente disciplinario 12/00 incoado por el Colegio de Abogados de Vizcaya por un periodo de seis meses". La suspensión apareció publicada en la revista del Colegio vizcaíno de Abogados, pero las razones no se han hecho públicas.

Al día siguiente, el 31 de enero, la Audiencia rechazó la petición del aplazamiento al considerar que no se cumplía ninguno de los supuestos contemplados por la ley y la propia Audiencia para suspender una vista. Pero el pasado miércoles, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia realizó una petición que apoyaba la solicitud del abogado Ricardo Mateo y la Audiencia de Vizcaya sí la estimó y determinó que la fecha del juicio fuera el 15 de abril.

La solicitud de la Fiscalía se produjo el mismo día en que se produjo la primera sentencia favorable en este caso: una empresaria de Bilbao fue condenada a 18 meses de prisión por estafar a nueve inmigrantes al cobrarles 7.550 euros por tramitar una documentación que no tenía ninguna posibilidad de aprobarse. La organización de apoyo a los inmigrantes Harresiak Apurtuz, que realizó la investigación que ha llevado el caso a los tribunales, criticó el funcionamiento de las administraciones. Primero censuró que el abogado Ricardo Mateo "siga ejerciendo como letrado" cuando está suspendido, y, en segundo lugar, que la Audiencia denegara la suspensión en un primer momento "basándose en argumentos firmes" y luego haya "cambiado su planteamiento". La organización ha exigido a la Policía y la Inspección de Trabajo "que hagan cuantas investigaciones sean necesarias para llegar al fondo de este asunto".

La abogada imputada, María del Carmen Formoso, ha interpuesto desde que fue imputada en las diligencias dos denuncias contra el letrado de la coordinadora: una en el Colegio de Abogados y otra por la vía penal. Incluso interpuso otra denuncia contra el letrado que le defendió en un principio. Las cuatro han sido archivadas.

Ricardo Mateo rechazó ayer valorar la suspensión impuesta por el Colegio de Abogados e incluso no quiso comentar que era la razón del aplazamiento del juicio. "La información no tiene que salir hasta que haya una sentencia", dijo, y advirtió que "si sale la razón [de la suspensión del juicio], me querello contra quien sea".

Comentó que su defendida no ha cometido "ninguna tropelía" y rechazó la labor desinteresada de Harresiak Apurtuz, que presentó la denuncia en diciembre de 2005 y cuya perseverancia ha propiciado que el caso no quede en el olvido. "Aquí por temas altruistas no trabaja ni Dios; todos trabajamos por dinero".

Ricardo Mateo opinó que la difusión pública de este caso crea "alarma social, al decir que todos los abogados somos unos chorizos. Hay gente que lo hace bien y otros, mal".

En la vista aplazada, la Fiscalía pide seis años de prisión para la abogada y el empresario Emilio González. El juez instructor considerado probado que la letrada recibió casi 30.000 euros "a sabiendas de que [los inmigrantes] carecían de los mínimos requisitos" para ser regularizados.